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Enviado el: martes, 22 de agosto de 2017 08:13 a.m.
El Embajador de Finlandia entrego documentacion sobre la desaparicion de Hanna Hietala + Milani: Casacion convalida prisionn preventiva del Ex Jefe de Ejercito + Juicio Monte Peloni II: La represion a los obreros de la fabrica LOSA + San Juan: Justicia de
El Embajador de Finlandia entregó documentación que contribuye a las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar
El Embajador de Finlandia en Argentina, Teemu Turunen, entregó esta mañana al fiscal general de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, documentación clasificada, mayormente sobre un caso de desaparición de la ciudadana finlandesa Hanna Hietala. Por el MPF, estuvieron presentes la fiscal Ángeles Ramos, integrante de la Procuraduría especializada; el fiscal de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de San Martín, Miguel Ángel Blanco García Ordás; Carolina Varsky, por la Secretaría de Coordinación Institucional, y el titular de la Dirección de Relaciones Institucionales, Luis Lozano, y la integrante del equipo Celina Giraudy. La delegación de la Embajada se completó con la primer secretaria Anna Rautvuori y el pasante Tuomas Carrasco.
El diplomático destacó que "trabajar en contra de la impunidad en todo el mundo es prioridad para la política exterior de Finlandia" y detalló que el reclamo hacia el Estado argentino sobre la desaparición de Hanna Hietala no cesó desde 1977. Además, indicó que la documentación entregada incluye las gestiones diplomáticas realizadas por la Embajada.
Por su parte, Auat agradeció la colaboración y subrayó que "es imposible pensar en un ejercicio de memoria colectiva intramuros de un país" y que los crímenes de lesa humanidad "afectan a toda la humanidad, no solamente a los ciudadanos del Estado donde fueron víctimas". Luego, el fiscal Ordás -quien tiene a su cargo la investigación sobre el caso en el marco de la megacausa Campo de Mayo- hizo hincapié en la importancia de contar con datos precisos para reconstruir los hechos y puntualizó que el centro de detención Campo de Mayo fue un centro de exterminio, por la poca cantidad de sobrevivientes".
Hanna Hietala fue secuestrada el 22 de mayo de 1977 en San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires, dos días después de la desaparición de su hijo, Guillermo Hietala, su nuera, Susana Cali, y un hijo de ambos, quien luego fue liberado.
Las gestiones para la entrega de la documentación comenzaron hace más de un año cuando la representación finlandesa en Argentina informó a la Dirección de Relaciones Institucionales de la Procuración General de la Nación sobre la existencia de información para aportar a la investigación.
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Casación convalida prisión preventiva de César Milani
La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) rechazó un planteo de la defensa del ex jefe del Ejército, el general (R) César Milani y ratificó su prisión preventiva en la causa en la que se lo juzga por la privación ilegítima de la libertad y tormentos a detenidos durante la última dictadura. A raíz de la negativa de la Cámara Federal de Córdoba a un pedido de excarcelación del militar, su defensa presentó un recurso extraordinario para interviniera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero la Sala IV de la Cámara de Casación declaró tal pedido "inadmisible". Así las cosas, Milani seguirá en prisión preventiva en la causa en la que está procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en La Rioja en perjuicio de Pedro Adán Olivera y Ramón Alfredo Olivera (padre e hijo).
En la resolución de Casación firmada hoy, los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos se apartaron del dictamen del fiscal Javier De Luca, quien opinó que se debía conceder el recurso extraordinario, y desestimaron el planteo de la defensa.
Para Borinsky y Hornos, la resolución que la defensa intenta modificar "no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal", ni se cumple con el requisito de la "cuestión federal" como para habilitar la intervención de la Corte Suprema.
Detenido desde el 17 de febrero último, Milani también está procesado con prisión preventiva por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo en la provincia de Tucumán en 1976, durante el represivo Operativo Independencia.
En este caso, está acusado de encubrir el secuestro del conscripto Ledo y de fraguar documentación del Ejército para hacer pasar su desaparición por una "deserción".
Por otra parte, el ex jefe del Ejército tiene también una causa por enriquecimiento ilícito cuya elevación a juicio pidió hace pocas semanas la Oficina Anticorrupción( CIJ-Telam).
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Monte Peloni II: con la lectura de las acusaciones, se inició el juicio
Las audiencias se reanudarán el jueves 31. Las únicas esperanzas de los acusados están puestas en demostrar que ellos estuvieron al margen de los hechos, ya que la existencia de estos está comprobada.
Sin problemas esta vez por las videoconferencias, se inició ayer el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en Olavarría durante la última dictadura militar con la lectura de las acusaciones que pesan sobre los 28 imputados que llegaron a esta instancia, ya que varios murieron y otros fueron eximidos por razones de salud.
La primera jornada había sido postergada porque no podían realizarse por distintos motivos las videoconferencias de los imputados que no pueden estar presentes en la sala.
El juicio recién comenzará a tener calor cuando se concluya la extensa lectura de las imputaciones, después de la cuarta audiencia.
Además de todos los casos que fueron ventilados en el primer juicio por el centro clandestino de detención de Monte Peloni en esta segunda parte del proceso se agregarán otros casos que tendrán fuerte repercusión en Olavarría, como el del desaparecido abogado José Alfredo Pareja, cuyos padres se convirtieron después en un ícono de la lucha por los derechos humanos, y el de los obreros de la fábrica LOSA detenidos y torturados. (El Popular de Olavarria)
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LESA HUMANIDAD
Exclusivo: la prueba del crimen que el cortista no investigó
Por primera vez toma estado público el informe forense por la muerte de Carvajal en 1977 que ordenó Caballero Vidal siendo juez en la dictadura. Hasta le picanearon los testículos. Pero fue caratulado como suicidio y el juez no investigó. Por Gustavo Martínez Puga
Es el único caso de un detenido ilegal que se "suicida" en los años de la dictadura militar y que lo investiga un juez de la justicia provincial y no de la federal, como correspondía.
Todo se desató a las 23 horas del 18 de agosto de 1977, cuando el médico forense de Tribunales, Amado Imhof, terminó la autopsia que le solicitó Juan Carlos Caballero Vidal (72), en ese momento juez del Sexto Juzgado Criminal en ese momento. Y dijo el forense que el cadáver de Ángel José Alberto Carvajal, de 32 años, presentaba "escoriaciones en epidermis de cara anterior del escroto", lo que demostraba que había sufrido torturas con picana eléctrica en sus órganos sexuales. Y concluye el forense sobre la causa de muerte que fue "ahorcadura atípica, asimétrica y probablemente incompleta".
Treinta años después, cuando la familia de Carvajal impulsó la causa para que se investigue por homicidio y no por suicidio, como la había caratulado la Justicia Militar, otro forense fue contundente al realizar un peritaje sobre el informe forense de Imhof: dijo el forense Alejandro Yesurón que "Alberto Carvajal recibió, horas antes de su muerte, un castigo"; "los hematomas y demás elementos de la autopsia evidencian golpes de tal magnitud que le imposibilitaron a Albero siquiera moverse".
Es la primera vez que estos informes forenses toman estado público. Y son la prueba de que el ahora cortista Caballero Vidal no investigó el tremendo crimen sufrido por el militante del Partido Comunista detenido ilegalmente el 28 de julio de 1977 por la Policía de San Juan, llevado a la Central de Policía y luego trasladado al Servicio Penitenciario Provincial a disposición de Inteligencia del Ejército Argentino por orden del entonces jefes del Regimiento de Infantería de Montaña 22, Juan Bautista Bueno Menvielle.
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Lo reconocieron
Noce participó de secuestros en el norte de Santa Fe
Dos víctimas de secuestros atribuidos a un grupo de tarease la Guardia Rural Los Pumas del norte santafesino, ocurridos en febrero de 1977, reconocieron hoy a Omar Noce como uno de los autores de los delitos. Noce es uno de los dos policías imputados en el último tramo de la causa "Sambuelli", que está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF). El presidente del TOF, José María Escobar Cello, escuchó en la sede del Juzgado Federal de Reconquista a los testigos Juan Antonio Giordano, de 81 años, y a Máxima Ortiz, ambos docentes residentes en la ciudad de Vera secuestrados en 1977 y llevados al cuartel general de Los Pumas en la localidad de Santa Felicia, donde trabajó Noce entre 1974 y 1979.
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La profesora Máxima Ortiz (izquierda, campera negra) frente al Juzgado Federal de Reconquista con compañeros que le hacen el aguante, antes de su testimonio.. |
Giordano fue conducido en ambulancia desde Vera hasta Reconquista e ingresó a la sede del juzgado en silla de ruedas, pero ante el juez "brindó un testimonio preciso y contundente que dejó en claro la participación de Noce en los secuestros", según lo expresado por voceros de la querella.
Ex intendente de Vera, Giordano no pudo declarar al inicio del juicio, en la ciudad de Santa Fe, debido a problemas de salud, pero hoy señaló que no tiene dudas de que Noce fue uno de sus captores porque lo conocía de antes. "Yo lo conocía como Omar porque lo había frecuentado en razón que su mujer es de Vera, y luego, al verlo en la Guardia Rural, supe que se trataba del policía Omar Noce", dijo Giordano en diálogo con la agencia Télam.
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Profesor Juan Antonio Giordano, 81 años y su firme voluntad de sentarse frente al Tribunal |
En igual sentido se manifestó la docente Máxima Ortiz, quien también estuvo detenida en la sede de la policía rural, aunque aclaró que no recibió golpes ni torturas como sus compañeros de cautiverio que ya declararon en el juicio, como Héctor Manni yHumberto García.
"Noce estaba dispuesto a golpearme, tenía un trapo en la mano como para amordazarme, pero su jefe, que era un policía de apellido Gaitán, me salvó al decirle que no me agrediera", rememoró Ortiz en diálogo con Télam.
La toma de declaraciones testimoniales fue la primera actividad del juez Escobar Cello en Reconquista, y luego encabezó una recorrida por la Jefatura de Policía, sede de la Unidad Regional IX, sitio que próximamente será señalado como centro clandestino de detención. Lo hizo acompañado por el fiscal federal Martín Suárez Faisal, los abogados querellantes Iván Bordón y Cecilia Sotelo, además de los testigos-víctimas Rubén Maulín y Víctor González, quienes estuvieron detenidos en esa sede policial, lindante con la catedral Inmaculada Concepción y frente a la plaza principal de Reconquista.
Fuentes de la querella explicaron que en esta ocasión no se intentaba probar el carácter de centro clandestino de detención de la Jefatura, porque ya quedó establecido en juicios anteriores, sino que la diligencia apuntó a un reconocimiento de celdas y oficinas por parte de Maulín y deGonzález, que pasaron por esa unidad policial.
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