sábado, 30 de mayo de 2020

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Hoy, sábado 30 de mayo y mañana, domingo 31, el documental Raúl Pellegrin, Comandante José Miguel, de Michelle Ribaut, estará disponible en Internet: sitio web de la UTEM.

Muy útil coincidencia –sí, únicamente coincidencia– es que en recientes días se ha estado promoviendo, como el más probable candidato del Gobierno a la Corte Suprema, a Raúl Mera Muñoz, ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien –entre otros gravísimos fallos– absolvió a los cuatro viles asesinos de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni.
                  

Los Queñes: absolución de ex uniformados


[…] la causa de derechos humanos conocida como el Caso Los Queñes. Fue en octubre de 1988 cuando un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), a cargo de los máximos referentes de la agrupación, Cecilia Magni Camino y Raúl Pellegrin Friedmann, atacó este poblado, ubicado en San Fernando, donde resultó muerto un cabo de Carabineros. Luego, ambos comandantes, ‘Tamara’ y ‘José Miguel’, como eran conocidos en la interna del grupo rodriguista, emprendieron la retirada a través de las montañas. Tras su desaparición y una incansable búsqueda por parte de sus familiares, sus cuerpos fueron hallados en el Río Tinguiririca, con graves lesiones y desgarros. Las autopsias posteriores revelaron traumatismo cráneo encefálico, lesiones toráxicas y otras en las extremidades, todas atribuidas a la participación de terceros. Se constató, finalmente, que fueron lanzados moribundos al caudal.


Siendo ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en octubre de 2010, Raúl Mera aseguró que no lograba crearse la “convicción de los delitos”, pese a la decena de declaraciones e informes que tuvo a la vista. El fallo terminó por absolver a cuatro carabineros en retiro, procesados en la investigación como coautores de los homicidios calificados: Julio Verne Acosta Chávez, Mauricio Bezmalibovic Hidalgo, Juan Ernesto Rivera Irarcher y Walher Soto Medina.

Cuatro años después, la Corte Suprema ratificó esta sentencia, en un fallo dividido, reconociendo que existió un pacto de silencio y acreditando las torturas cometidas por los ex funcionarios policiales. “Se les golpeó rudamente en zonas vitales por funcionarios policiales encargados de su custodia e interrogación, mientras se encontraban reducidos y completamente indefensos, producto de lo cual ambas personas recibieron lesiones necesariamente mortales, arrojándose sus cuerpos agonizantes al Río Tinguiririca, tanto para completar el propósito homicida y simular la muerte por inmersión”, señaló la resolución. Aun así, el criterio fue que no estaba comprobada la participación de los ex uniformados.

El Informe de la Comisión Rettig califica sus muertes como violaciones a los Derechos Humanos, con responsabilidad de agentes del Estado, debido a que en su huida fueron detenidos, torturados y ejecutados.




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