De: Jorge Araya [mailto:siemprepelusa@hotmail.com]
Enviado el: martes, 24 de noviembre de 2020 12:10
Para: Jorge Araya
Asunto: Es tanto y tan significativo como esperanzador lo que nuestros pueblos –¡finalmente!– han estado protagonizando en la Patria Grande que apenas pudimos seleccionar artículos de cinco países, siendo varios más los que ahora luchan por sus derechos
Importancia: Alta
Bolivia, el principio de esperanza: revertir un golpe de Estado
Marcos Roitman Rosenmann*
- Noviembre 23 2020
No pocos son los incrédulos. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Evo Morales, en 2019, se impuso un gobierno de facto. Las Fuerzas Armadas, los partidos tradicionales, en definitiva, la Derecha en su conjunto, actuó al unísono. Bajo la acusación de fraude electoral, tomaron el poder. Avalados por la OEA, refrendados por Estados Unidos y sus aliados europeos, se decidió que el gobierno era ilegítimo.
El presidente, vicepresidente y una parte del gabinete abandonaron el País, emprendiendo el penoso camino del exilio. Atrás, dejaban logros en vivienda, salud, educación, cultura, género, nacionalizaciones, protección de los recursos naturales y riquezas básicas. Por primera vez en su historia, se había elaborado una Constitución capaz de redefinir la Nación. En ella, se reconocía una forma de Estado plurinacional y multiétnico.
Pero el golpe de Estado parecía retrotraer el País a los tiempos de oscuridad. Las primeras noticias eran desalentadoras. Represión, detenciones y asalto a las casas de los dirigentes del MAS. Asimismo, el movimiento obrero, las organizaciones sindicales, los cargos públicos, alcaldes, concejales eran objeto de linchamientos, acompañados con el odio de una clase dominante cuyo rencor se hizo patente al ejercer una violencia inusitada contra todo aquello que se le antojó olía a democracia participativa y socialismo. Las Fuerzas Armadas se posesionaron junto a la plutocracia. En política exterior, los cambios se notaron de inmediato. Asalto a la Embajada de Venezuela, expulsión de los médicos cubanos y la mano tendida a los gobiernos de Bolsonaro, en Brasil; Lenín Moreno, en Ecuador, o Iván Duque, en Colombia. De entrada se renunció a todo cuanto podía ser identificado como castro-chavismo: ALBA, teleSUR, políticas de cooperación, etcétera. Los objetivos de autodeterminación y dignidad se transformaban en dependencia, entreguismo y violación de Derechos Humanos. El arsenal de la represión se expresó en los grupos paramilitares y las hordas neofascistas, amparadas en las autoridades de facto y las Fuerzas Armadas, cuya brutalidad no tuvo límites.
Así, los golpistas enarbolaban el discurso de una nueva convocatoria electoral que devolviese el País a su vieja normalidad institucional. Destejer y desandar tres lustros de logros democráticos. En el horizonte, unas elecciones sin garantías y menos aún, un reconocimiento, si el triunfo recaía sobre el MAS. La memoria reciente tenía en mente casos relevantes para avalar lo dicho. Honduras, golpe de Estado, elecciones fraudulentas y gobiernos neoliberales. Paraguay, golpe de Estado, elecciones amañadas y recomposición oligárquica. Brasil, golpe de Estado, inhabilitación de Lula y triunfo del neoliberalismo en su versión más esperpéntica., xenófoba, racista, ultraconservadora y negacionista. ¿Por qué Bolivia podría ser diferente?
Muchas eran las papeletas para una recomposición en torno a un proyecto neoliberal bajo la batuta de las trasnacionales y la plutocracia criolla. Convocar elecciones no era problema. En América Latina (AL) estamos acostumbrados a birlar el triunfo a la Izquierda. Lo más probable, era proclamar el triunfo de Carlos Mesa, el portavoz de la clase dominante, los partidos tradicionales y el capital financiero. Una candidatura del MAS estaría abocada, desde el principio, al fracaso. Esas eran las expectativas. El pesimismo histórico, de nuevo, rondaba los análisis políticos de la izquierda latinoamericana, presente desde la caída del Muro de Berlín y el bloque soviético. Sólo Venezuela resistía a la ola, acosada, igual que Cuba. Pero, en Bolivia, el golpe de Estado se había consumado. Sólo restaba atar cabos. Unas elecciones con observadores internacionales capaces de plegarse al discurso golpista y que eliminasen cualquier duda de fraude sobre su triunfo, eran sus argumentos. Pero, la realidad se mostró esquiva. En primera vuelta y sin paliativos, la dupla del MAS, Luis Arce, Presidente, y David Choquehuanca, Vicepresidente, gana en primera vuelta con 55,10 por ciento sobre Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, quien obtuvo 28,83 por ciento de los votos. La presidenta golpista, Jeanine Añez, reconoció los resultados, dando la primera sorpresa. ¿La Derecha se pegó un tiro en el pie?
Entre la pandemia que hacía estragos, el desmantelamiento de las políticas sociales, los montajes para inhabilitar a Morales, las acusaciones falsas, la represión y persecución de sus dirigentes, la Derecha se sentía cómoda. Pero, erró en los análisis. Las fuerzas populares, en resistencia permanente, entendieron la necesidad recuperar sus derechos arrebatados, de pasar a la ofensiva y revertir el golpe de Estado. La lucha debía darse en el terreno electoral, a contracorriente. El principio de esperanza como necesidad de perseverar y conseguir la victoria. La lección es clara: por primera vez en AL, un golpe de Estado colapsa y sus impulsores son derrotados. Ahora, es necesario impulsar cambios en las Fuerzas Armadas, desarticular a los golpistas y la plataforma cívica que lo acompañó. Reorganizar y profundizar el poder popular. La derecha boliviana sabe que no puede permitirse otra derrota ni una humillación electoral como la sufrida. La conspiración tomará otro cariz. El golpe de Estado sigue siendo su opción.
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* Académico, sociólogo, analista político y ensayista chileno-español. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Profesor titular de Estructura Social de América Latina, Estructura Social Contemporánea y Estructura Social de España en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Perú: cómo cayó un proyecto autoritario en seis días
- 17.11.2020
En un país caracterizado por tener una sociedad civil débil, manifestaciones como las que tumbaron al presidente interino Manuel Merino no son esperables. El autor sugiere que dos circunstancias clave despertaron a la calle. Primero, Merino conformó un gabinete lleno de políticos “conservadores y empresariales que, desde el 2011, no pueden ganar elecciones”. Segundo, reprimió la protesta en un nivel no visto desde Fujimori. ¿Seguirá despierta la calle tras la caída de Merino? El autor cree que, a diferencia de lo que ocurrió en Chile, donde el descontento del 18 de octubre politizó la desigualdad, “el clivaje central en el estallido peruano fue democracia/dictadura”, es decir, respondió a una amenaza autoritaria. Cree que el futuro de la protesta dependerá de si la desigualdad y la exigencia de una asamblea constituyente se instalan en el debate.
El lunes 9 de noviembre, luego de que el Congreso peruano aprobara, velozmente, la vacancia del presidente Martín Vizcarra, por indicios de corrupción y designara como presidente interino a Manuel Merino, miles de ciudadanos en Lima y varias ciudades del País salieron, espontáneamente, a las calles, a protestar. Entre ese lunes y el domingo, las protestas se multiplicaron en prácticamente todas las ciudades, y en varios puntos de cada ciudad. Fue la primera vez que el Perú vivía una ola de protestas tan masivas y, sobre todo, descentralizada. En Lima, a pesar de que la represión alcanzó niveles no vistos desde el régimen autoritario de Alberto Fujimori, la participación en la protesta no dejó de aumentar. Hubo, además, innovaciones como La Primera Línea, brigadas de salud y desactivadores de bombas lacrimógenas. El país entero, también por primera vez, tuvo cacerolazos diarios, coordinados y exitosos. Tras sólo seis días de protestas, el presidente Merino renunció. Pero ¿cómo es que hubo un estallido social exitoso en Perú, con una ola de protestas tan masiva, territorialmente extendida y sostenida? ¿no era, acaso, que los peruanos teníamos una sociedad civil débil y desorganizada?
Cambios en los factores externos: amenazas y represión
Hace un año, argumenté que el Perú no se unió a la ola de estallidos de protesta en América Latina debido a tres motivos: (1) un alto nivel de informalidad laboral que normaliza las bajas expectativas sobre los servicios que ofrece el Estado, (2) la percepción positiva de la lucha contra la corrupción y (3) el uso de la negociación en lugar de la represión, cuando estallaban los conflictos sociales. Estas válvulas de escape, juntas, marcaban una diferencia sustantiva con la situación de los países donde había estallidos.
Pero, los dos últimos factores cambiaron, drásticamente, la semana pasada. En cuanto al primer factor, la informalidad, esta ha crecido durante la pandemia, pero ello no fue decisivo para el estallido peruano. La crisis sanitaria y económica, probablemente, sumó malestar durante el estallido, pero no lo explica: inclusive durante la pandemia, los peruanos ya esperábamos que el Estado no nos funcione. Si bien existía un malestar acumulado por los errores de la gestión de Vizcarra en el control de la pandemia (hubo 525 protestas durante los 106 días de la cuarentena nacional obligatoria), el Presidente seguía contando con un apoyo del 54% de la población, cuando fue vacado.
Lo que sí cambió fue la percepción positiva de la lucha contra la corrupción y el limitado uso de la represión. La satisfacción con la lucha contra la corrupción alcanzó su cúspide con el cierre del Congreso, la institución menos apreciada del Perú. Pero, los resultados de las elecciones congresales decepcionaron, rápidamente. La percepción de que el nuevo congreso era igual o peor que el anterior –debido su interés en hacer retroceder reformas valoradas y su proclividad al populismo–, volvió a acumular el malestar. A esto se sumaban las fundamentadas acusaciones de corrupción al mismo presidente. A pesar de todo esto, el 78% prefería que Vizcarra continúe su mandato, mientras seguía siendo investigado. Se le veía como un aliado útil a la hora contener los exabruptos del Congreso. Por ello, el uso cuestionable de la vacancia, y la toma del poder por un sector que la mayoría de los peruanos percibía como una gran amenaza a la estabilidad, generó una ola de indignación y el temor a perder lo ganado con las reformas de los últimos años.
Las amenazas pueden ser mejores movilizadores que las oportunidades. Cada día del gobierno de Merino reforzó el temor de muchos peruanos. Para primer ministro, escogió a Ántero Flores-Araoz, uno de los representantes más emblemáticos de la vieja clase política. Demoró dos días en poder conformar su gabinete y, cuando lo llenó de políticos conservadores y empresariales que desde el 2011 no pueden ganar elecciones, confirmó la ilegitimidad del Gobierno. Para espanto de un amplio sector, esos días el Congreso anunciaba que agendaría la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y debatiría proyectos que amenazaban la Reforma Universitaria. A esto se suman las denuncias de censura a periodistas del canal del Estado, por cubrir las protestas y el copamiento de las instituciones.
El 78% de los peruanos prefería que Vizcarra continuara su mandato mientras seguía siendo investigado. Se le veía como un aliado útil a la hora contener los exabruptos del Congreso.
De otro lado, la represión indiscriminada en una democracia –agonizante, pero democracia aún– volvió a demostrar ser una facilitadora de movilización. El cálculo del Gobierno parece haber sido que una represión intensa desincentivaría las protestas. Esta lógica no aprendía nada del error que eso significó en países como Chile o Colombia, desde el año pasado. Cada día del breve gobierno de Merino, las protestas se multiplicaron. La percepción de amenaza generó cascadas de acción colectiva en marchas, plantones y cacerolazos. En el centro de Lima, se llegó a reunir a varias decenas de miles. El jueves, durante la primera marcha nacional, la abarrotada Plaza San Martín era una fiesta, con canciones, bailes y teatro. Sin embargo, cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar al Congreso, la policía reaccionó violentamente, contra todos. Esto produjo enfrentamientos. Se tiraron innumerables bombas lacrimógenas y se usó armas de fuego. Dos manifestantes quedaron gravemente heridos.
La represión del jueves sólo incrementó la indignación e hizo que aumentara la participación el viernes y, más aún, el sábado, día de la segunda Marcha Nacional. Esa noche se dio, también, la represión más violenta. Dos jóvenes, Bryan Pintado (22) e Inti Sotelo (24) fueron asesinados, de manera brutal. A Bryan le dieron 11 proyectiles en el rostro, cabeza y tórax, y a Inti le reventaron el corazón. En varias ciudades del País, pero fundamentalmente en Lima, se protestó por estos asesinatos, con rabiosos cacerolazos, a la medianoche. El domingo amanecimos con 114 heridos, 41 desaparecidos, y una juventud movilizada y lista para volver a enfrentarse a la policía. Pero, Merino renunció al mediodía, dando paso a una etapa de distensión.
El cierre de estas dos válvulas de escape con la percepción de las “mafias” tomando el poder y la represión indiscriminada son claves para entender por qué la sociedad civil peruana salió en masa a las calles. Debido a que Vizcarra aceptó, rápidamente, su vacancia, al inicio las protestas se quedaron sin un objetivo concreto. Pero, el incremento de las amenazas y represión ayudaron a que el objetivo se definiera: que Merino caiga como sea, sin tener claro lo que vendría luego. Ese objetivo unificó la protesta.
La irrupción de la Generación del Bicentenario
Pero, el estallido peruano no puede explicarse sólo por factores externos. Hace un año, mencionaba que, a pesar de la debilidad de la mayoría de nuestras organizaciones sociales, una desmesurada represión facilitaría una movilización sostenida por el solo hecho de la indignación, lo que el sociólogo James Jasper llama shock moral. Pero, lo que vimos esta semana no fue sólo la reacción de los jóvenes, sino nuevas formas y recursos de movilización. La politización de jóvenes millennials y –sobre todo– centennials, trajo una serie de habilidades sin las que no se podría terminar de explicar la masividad de la protesta. Los primeros en asistir a las manifestaciones fueron los jóvenes politizados, con mayor experiencia, y vinculados al movimiento de Derechos Humanos que ha marchado, permanentemente, contra el fujimorismo y la corrupción.
Pero, a la hora de la represión, la novedad fue la presencia de las barras de equipos de fútbol que, como en Chile, tuvieron un rol protagónico en la organización de la primera línea de defensa contra la policía. Se formaron, también, grupos encargados de desactivar bombas lacrimógenas. Aparecieron jóvenes organizando las brigadas médicas, que fueron decisivas para minimizar las víctimas mortales. Mucha de la información para convocar y coordinar se dio por Instagram y Tik Tok. Es más, muchos influencers tomaron posición y utilizaron sus cuentas con millones de seguidores para incentivar la participación. Gamers y Otakus también, utilizaron, sus redes para convocar y coordinar.
Son estos nuevos protagonistas, bautizados por la socióloga Noelia Chávez como la Generación del Bicentenario, quienes emplearon sus redes sociales para organizar la rabia que habían provocado, primero, las amenazas y, luego, la represión. Sin la participación activa y entusiasta de este bloque de jóvenes nacidos a finales del siglo pasado o en este, difícilmente se hubiesen generado las cascadas de acción colectiva que muchos vimos con sorpresa, esta semana. Fueron estos jóvenes, también, los que grabaron y difundieron, masivamente, tanto los episodios de represión como los momentos más lúdicos de las protestas, incentivando más la participación. Esta participación fue clave, también, porque las principales centrales sindicales decidieron no acompañar las protestas. Esto, porque las veían muy cercanas al ex presidente Vizcarra, contra quien habían protestado durante la pandemia por temas laborales y económicos. Esa ausencia fue compensada con la participación de amplios sectores de jóvenes autoconvocados, sin ninguna filiación con partidos ni organizaciones.
Las amenazas pueden ser mejores movilizadores que las oportunidades.
No deja de ser llamativo que este gran despliegue de solidaridad se haya dado en un país con uno de los niveles de confianza interpersonal más bajos de la Región. Este era uno de los datos manidos para argumentar que costosas coordinaciones y apoyos espontáneos serían improbables en una gran protesta peruana. Pero, se dieron. Los jóvenes cuidaron de todos los manifestantes, no sólo con las eficaces brigadas de salud –formadas por jóvenes médicos, enfermeros y estudiantes de medicina– sino, también, con las coordinaciones entre jóvenes abogados para ir a las comisarías a buscar desaparecidos y ayudar a detenidos.
Al mismo tiempo, en las redes se organizaban colectas para apoyar a familiares de los jóvenes asesinados y heridos. Finalmente, el éxito de los cacerolazos, sobre todo los que respondieron a los dos fallecidos, dan cuenta de un ánimo empático y solidario que cuestiona los sentidos comunes sobre el individualismo, la indiferencia y la apatía política del peruano promedio.
¿Se viene una Asamblea Constituyente o el estallido ya acabó?
La protesta masiva, extendida y permanente no sólo logró tumbar al gobierno ilegítimo de Manuel Merino, sino que también presionó al Congreso para que elija un presidente y una mesa directiva conformada sólo por congresistas que se opusieron a la cuestionada vacancia de Vizcarra (apenas 19 de los 130). A pesar de que los ‘vacadores’ son mayoría e intentaron dar la pelea, con una lista alternativa, al final optaron por aprobar una fórmula que respondía a la demanda de la calle, es decir, sin ‘vacadores’. Se eligió a Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado (PM), como Presidente. El PM fue el único consistente en su rechazo a la vacancia y algunos de sus miembros ayudaron a ubicar desaparecidos y liberar detenidos. Hoy, martes, aún quedan dos jóvenes no ubicados.
Una diferencia con el estallido chileno es la debilidad de la clase política peruana. En Chile el estallido dejó 34 fallecidos, 3.400 civiles hospitalizados y 460 ciudadanos con ojos mutilados y si, bien, se logró empujar el plebiscito nacional para someter a voto una Convención Constitucional, la coalición de gobierno resistió y permaneció en el poder. En Perú, en cambio, nuestra democracia sin partidos nos lleva a la paradoja de tener una clase política repleta de independientes sin horizontes a mediano plazo, que generan permanentes crisis, pero que, al mismo tiempo, es débil y rápidamente susceptible de ser derrotada por la sociedad civil movilizada.
Otra diferencia con Chile es que el clivaje central en el estallido peruano fue democracia/dictadura. Mientras en Chile la demanda central avanzó hacia la nueva Constitución, para desmontar el modelo neoliberal; en Perú no se llegó a politizar la desigualdad y el estallido respondió a una amenaza autoritaria. Las protestas se orientaron más a restablecer el status quo que a presionar por una reforma o cambio sustantivo. Desde que Merino renunció, las marchas disminuyeron notablemente y los cacerolazos dejaron de sonar masivamente. Más aún, con la elección del presidente Sagasti y la nueva mesa directiva del Congreso, pareciera que muchos han quedado satisfechos.
Son estos nuevos protagonistas, bautizados por la socióloga Noelia Chávez como la generación del bicentenario, quienes emplearon sus redes sociales para organizar la rabia que habían provocado primero las amenazas y luego la represión.
Sin embargo, sí hay sectores que aún buscan movilizarse por, al menos, dos demandas: justicia y reparación para las víctimas y convocatoria a una Asamblea Constituyente (AC). El primer objetivo convoca a la totalidad de quienes se movilizaron durante el estallido. Se exige sanción para los culpables de la represión (incluidos los responsables políticos) y reparaciones para las víctimas. Por este motivo, han continuado numerosas marchas el mismo lunes, luego de la elección de Sagasti, y se han convocado nuevas marchas en la semana.
La demanda por la AC moviliza, todavía, a sólo un sector de quienes participaron en el estallido. Aunque varias marchas el lunes fueron, también, por avanzar hacia una AC, estas fueron menores en número. Esto contrasta con la extendida demanda por “que se vayan todos”, y con una reciente encuesta que indica que el 56% de peruanos estaría de acuerdo con una nueva Constitución. Es probable que la distancia actual de muchos jóvenes manifestantes con esta propuesta se deba más a su desconfianza con los partidos y colectivos de izquierda.
Entonces, ¿fue este estallido efímero? Luego de la transición de hace 20 años, también protagonizada por jóvenes en la Marcha de los Cuatro Suyos, muchos de los colectivos y organizaciones espontáneas desaparecieron una vez que Fujimori renunció. Ahora, podría ocurrir algo similar, pero es probable que las amenazas a la democracia crezcan y que, eventualmente, se logre politizar la desigualdad. Cuando esto ocurra, existe ya un nuevo bloque que acaba de politizarse –en medio de la represión– y que tiene nuevas formas de hacer y comunicar política. A partir de esta coyuntura crítica, la Generación del Bicentenario peruano puede adquirir un protagonismo cada vez más claro en la lucha política. Por ahora, ya nos ha dado una nueva narrativa de compromiso y solidaridad.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), el Observatorio del Gasto Fiscal y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
La diversidad avanza en el poder municipal de Brasil
Análisis de Mario Osava
- 18 nov 2020
Erika Hilton celebra y reivindica su triunfo en su cuenta en Instagram. Es la primera concejala transgénero y negra elegida para el Concejo de São Paulo y una de las cinco edilas transgénero elegidas por el Partido Socialismo y Libertad. Veinticinco transexuales, la mayoría izquierdistas, conquistaron puestos en los concejos municipales de Brasil, en los comicios del 15 de noviembre. En 2016 fueron ocho. Foto: Erika Hilton/Instagram
Los avances de las mujeres y los negros, mayorías demográficas subrepresentadas en el poder político, fueron pequeños, pero la diversidad étnica y de género, en su conjunto, emergió con fuerza en las elecciones municipales de Brasil.
Son negros, cuya mayor parte se identifica como mestizos (mulatos), 32,1 por ciento de los alcaldes elegidos el 15 de noviembre. En los comicios anteriores, de 2016, se limitaron a 29,2 por ciento.
Están aún lejos de la participación que tienen en la población total de Brasil, 56 por ciento de los 212 millones de habitantes de este país sudamericano de dimensiones continentales.
Las mujeres, también, avanzaron poco en el poder municipal, a 12,1 por ciento de los alcaldes, contra 11,7 por ciento elegidas cuatro años atrás. Una brecha más amplia en relación al 52 por ciento que representan en la población total.
Los datos pueden cambiar un poco en los 5.568 municipios brasileños. Hay más de 100 prefecturas (alcaldías) aún sin definir, pendientes de procesos judiciales, y en 57 de los 95 municipios con más de 200.000 electores, habrá segunda vuelta el 29 de noviembre.
Además, existe el caso excepcional de Macapá, capital del Estado de Amapá, en el extremo norte, donde los comicios fueron aplazados debido a un prolongado colapso de la distribución eléctrica local, que comenzó el 3 de noviembre y aún sigue sin solucionarse.
Entre los ediles elegidos ya confirmados, 16 por ciento son mujeres. En 2016 fueron 13,5 por ciento. Pero, algo positivo es que ahora sobresalen en algunas de las grandes capitales y ciudades de los 26 estados del País.
El caso más llamativo es el de Porto Alegre, capital del meridional Estado de Rio Grande do Sul, donde conquistaron 11 de los 36 escaños edilicios, un 30,5 por ciento.
En Belo Horizonte, capital del suroriental Estado de Minas Gerais, ellas alcanzaron 26,8 por ciento. Casi triplicaron la representación anterior, pasando de cuatro a 11 edilas en un total de 41 puestos del concejo.
Lo más sorprendente es que la más votada entre todos los candidatos es Duda Salabert, del Partido Democrático Trabalhista, la primera persona transgénero que integrará el Concejo de Belo Horizonte (Cámara de Vereadores, en portugués).
El gobernador del Estado Nororiental de Pernambuco, Paulo Cámara, vota durante las elecciones municipales del 15 de noviembre, en Brasil. En ellas se cumplieron todas las medidas de prevención a la COVID-19, con miembros de mesa protegidos por mascarillas y pantalla facial y los votantes obligados a tener bien puesto su tapabocas. Foto: Pedro Menezes/SEI-Fotos Públicas
En todo el País, hay 25 las personas transgénero o travestis que ganaron una concejalía, el más visible brote de la diversidad de género en las distintas instancias del poder político brasileño. Es posible que otros segmentos de los LGBTI + tengan mayor presencia, pero no aparecen con la misma visibilidad.
En São Paulo, donde las mujeres avanzaron menos –pasaron de 11 a 13 concejalas en un total de 55, lo que equivale a subir de 20 a 23,6 por ciento–, la más votada entre ellas es también una mujer transgénero y, además, negra. Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), obtuvo la sexta mayor votación entre los candidatos masculinos y femeninos al Concejo.
Otro transgénero, pero masculino, Thammy Miranda, del Partido Liberal, también obtuvo buena votación en São Paulo, una megalópolis de 12 millones de habitantes y capital económica del País. La población se eleva a los 22 millones cuando se suman los 39 municipios de su área metropolitana.
Como suplentes se cuentan, en el País, hasta ahora, más de 170 personas transgénero o travestis. Esa irrupción en la política responde, según declaraciones de varias de ellas, a la discriminación que sufren en la sociedad, agravada desde que en enero de 2019 asumió el actual gobierno del presidente Jair Bolsonaro, de extrema derecha religiosa y militar.
Esa representación, seguramente elevada en proporción a su minoría demográfica, proviene, probablemente, del hecho de que su condición sexual exige enfrentar abiertamente la opresión. No hay armarios donde ocultarse.
Otra minoría que incorporó la política electoral en sus opciones de lucha son los quilombolas, afrodescendientes que viven en comunidades tradicionales, en general formadas por ancestros que se fugaron de la esclavitud, que en Brasil sólo se abolió en 1888.
Hasta ahora la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ) cuenta con 55 ediles, un alcalde y un vicealcalde elegidos entre los más de 500 candidatos de sus integrantes en las elecciones municipales.
En Brasil, hay 3.447 comunidades remanentes de los quilombos reconocidos por el gobierno, con derecho a la propiedad de sus territorios colectivos por la Constitución vigente desde 1988.
Hay muchas otras comunidades que reivindican sus territorios, pero el ente estatal encargado de reconocerlos, la Fundación Palmares, está bajo la presidencia de Sergio Camargo, un enemigo declarado del movimiento negro y de los quilombolas, aunque sea él mismo un negro e hijo de un ya fallecido líder del movimiento.
Camargo cumple con la política adoptada por Bolsonaro para las poblaciones tradicionales.
Manuela D’Ávila, candidata del Partido Comunista del Brasil a la alcaldía de Porto Alegre, capital del meridional Estado de Rio Grande do Sur, y una de las esperanzas de renovación de la Izquierda y de empoderamiento de las mujeres, celebra su pase a segunda vuelta. La disputará el 29 de noviembre, con Sebastião Melo, veterano político del Movimiento Democrático Brasileño. Foto: PCdoB
No hay estadística oficial sobre la población quilombola, pero el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) espera incluirlos en el censo que se iba a realizar este año y se postergó para 2021. Como base, identificó 5.972 “localidades quilombolas” que tendrán sus habitantes contabilizados.
Los indígenas, otro importante componente étnico de la diversidad brasileña, aunque corresponda a sólo 0,45 por ciento de la población nacional. En el censo de 2010 sumaban 896.917 personas, 58 por ciento de los cuales viviendo en las Tierras Indígenas demarcadas, los demás en otros sitios, principalmente en las ciudades.
Esta vez, en la primera vuelta eligieron 10 alcaldes y 10 vicealcaldes, contra seis y 10 respectivamente en 2016, según el Instituto Socioambiental, organización no gubernamental que dispone de datos completos sobre los pueblos originarios. Los ediles serán 200, frente a los 169 de cuatro años atrás.
De todas formas, los pueblos originarios registran un gradual ascenso en la política brasileña. Su primer diputado se eligió, solitariamente, en 1982, Mario Juruna, por deseo de los electores de Río de Janeiro, donde viven pocos indígenas.
El primer alcalde indígena sólo apareció en 1996, en Oiapoque, en el extremo norte del País, en la frontera con la Guyana Francesa. Y el poder legislativo nacional sólo volvió a tener una representación indígena en 2018, con la elección de la diputada Joenia Wapichana.
Las elecciones municipales en Brasil son una gigantesca operación
Para dirigir los destinos de los 5.568 municipios se postularon 528.388 candidatos a ediles y 19.346 a prefectos (alcaldes). Los indígenas disputaron esos cargos con 2.177 candidatos, 27 por ciento más que en 2016.
Para los afrodescendientes y las mujeres aún queda la disputa por la alcaldía de los 57 municipios más poblados del país, incluidas 18 capitales de Estado, el 29 de noviembre. Son 32 candidatos negros y 20 mujeres que, en la primera vuelta, obtuvieron la primera o la segunda mayor votación.
La extrema derecha, que lidera Bolsonaro, aparece como la gran derrotada de esas elecciones, al no lograr que ninguno de sus representantes ganara la prefectura de las grandes ciudades, en la primera vuelta. Dos de ellos pasaron a la segunda vuelta, pero con pocas posibilidades de triunfo.
La afirmación de las diversidades en la política electoral es otro fracaso del bolsonarismo, cuyas banderas apuntan al retroceso, a la vuelta de la moral de 50 años atrás, de la familia tradicional, de las dos únicas condiciones sexuales, de la dilución de los indígenas y pueblos tradicionales en la ‘civilización’ blanca.
ED: EG
Las voces que no quieren oír, las deudas que no quieren saldar
Andrés Cabanas - http://www.memorialguatemala.blogspot.com
23/11/2020
Foto: FGER
2020 no es 2015. Si lo sabíamos cronológicamente, ahora lo sabemos también política y socialmente.
Entre 2015 y 2020 transcurre una vida completa: una megaenfermedad que resetea nuestras relaciones, varias tormentas alternadas con sequías recurrentes, incremento salvaje e injustificado (porque Guatemala es un país de recursos abundantes) de la desnutrición y el hambre... cinco años de gobiernos sin el pueblo y contra el pueblo.
Sucedió o sucede el fortalecimiento brutal del capital mafioso, en alianza estrecha con el sector empresarial organizado, que acciona para suprimir el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y anular la lucha anticorrupción. ¿Y el Estado? en modo de clamorosa ausencia, tanto como garantía de derechos como para la acción en situaciones límite: pandemia, desastres socionaturales, emergencia alimentaria por desnutrición y pérdida de cultivos.
Se impone, estos años, el rearme autoritario y promilitar: cada vez más, el manejo de la Administración Pública, incluso del espacio público, se asemeja al manejo de un cuartel: estados de emergencia, toques de queda, incorporación de militares retirados o en activo a la gestión de instituciones estatales, con el fin de administrar la continuidad de intereses y del poder actual.
2020 tampoco es 2015 en cuanto a las demandas, las actorías sociales, los liderazgos emergentes, las nuevas caras presentes, con formas de actuación e identidad característica.
Durante 2015, grandes movilizaciones nacionales (independientemente de las limitaciones en cuanto al impulso de una agenda de transformación) implicaron el surgimiento de nuevos sujetos urbanos, la concienciación de sectores de clase media (después revertida) y la articulación parcial de demandas de lucha contra la corrupción y por la reforma contenida del Estado, con las demandas históricas y de transformación estructural (refundación del Estado, Asamblea Constituyente Plurinacional). Las demandas centrales fueron la lucha contra la corrupción y por la renovación y dignificación de la clase política y la institucionalidad.
En este 2020, que acabó en el mes de marzo con la pandemia y volvió a reiniciarse en noviembre de 2020 con una nueva fase de movilizaciones, ubico preliminarmente estas variantes:
· La demanda de un presupuesto justo es central y esta implica tanto el uso correcto de los fondos (sin malversación ni corrupción) como el uso adecuado, en términos de priorización de demandas sociales.
· En este sentido, la desnutrición-problema estructural del hambre es uno de los temas más evidenciados –hasta el momento- en las manifestaciones y las denuncias públicas, lo que supone un avance con respecto a las demandas limitadas anteriores.
· La generación de jóvenes que participa y, en muchos casos, protagoniza las movilizaciones, no es la misma que en 2015. Si esta fecha representó un relevo generacional, que desde mi punto de vista aportó dinamismo, nuevas formas y visiones y renovó la acción política, 2020 puede suponer una renovación generacional dentro de la renovación y una incorporación importante de jóvenes a las luchas políticas por la justicia y por la transformación del País.
· Es visible la emergencia de grupos juveniles en zonas urbanas y rurales, en particular la emergencia y fortaleza de grupos de mujeres y grupos feministas, que aportan organización y capacidad de movilización inmediata y masiva y un pensamiento político sólido, a la vez que novedoso.
· El ciclo 2020 inicia con movilizaciones simultáneas en muchas plazas del País, como acumulado de años de reivindicaciones y, también, frustraciones. En 2015, las movilizaciones fueron, sobre todo, en la plaza central, con una muy lenta incorporación en los territorios. La plaza (y su connotación urbana y de clase) como lugar privilegiado de acción se redefine.
2020, estado de la cuestión. En el haber, el acumulado para un nuevo ciclo masivo de movilizaciones, que aporta en la medida en que las actorías nuevas y las tradicionales confluyan, dialoguen y generen acciones comunes, desde las diversidades, con la capacidad de prever riesgos, dibujar escenarios complejos y complementar estrategias y acciones.
Hay una gran experiencia y construcciones que ayudan a repensarnos desde los territorios y comunidades, más que desde espacios institucionales; a seguir construyendo o viviendo comunidades y sus métodos de consenso y participación; a articular sujetas y sujetos plurales; a construir un nuevo pacto que sustituya al "no pacto" constitucional y su inviabilidad como promotor de justicia y derechos. Es tiempo de profundizar nuevas formas de organización y acción, para avanzar hacia una nueva vida.
En el debe de este momento histórico tenemos el hartazgo y el cansancio hasta la extenuación, caldo de cultivo para tensiones y manifestaciones extremas de indignación. La sensibilidad social está a flor de piel.
El Estado no ha cumplido, las autoridades han hecho de la política y el Presupuesto un botín, sin pudor ni recato. Nos deben fondos, derechos y, también, dignidad.
Esto es el reinicio, todavía no sabemos hacia dónde vamos. Posiblemente sólo compromisos reales de cambio, pasos en firme hacia nuevas construcciones de la sociedad y nuevas formas de concebir la política, puedan contener la indignación desparramada.
Los actores de poder sienten retumbar las voces que nunca quisieron oír y las demandas que siempre se negaron a atender.
Huelga general en todo el País
Cacerolazo y huelga general en Colombia: el País marcha para exigir cambios políticos
La jornada de huelga general transcurrió sin apenas incidentes, en todo el País, excepto en Cali, donde se declaró el Toque de Queda, ante los crecientes disturbios y saqueos
Cacerolazo y huelga general en Colombia: el país marcha para exigir cambios políticos
- 22/11/2019
Movilización masiva en Colombia, donde un cacerolazo que se escuchó en todo el País y se prolongó hasta bien entrada la noche, cerró la jornada de huelga general que se había convocado para expresar el rechazo de la población a la política económica y social del presidente Iván Duque.
En una protesta sin antecedentes en la historia reciente del País, Colombia se sumó, así, a la ola de descontento y protestas sociales que se viven en Latinoamérica. En este caso, la jornada transcurrió entre manifestaciones pacíficas y cacerolazos, aunque las protestas no estuvieron exentas de actos vandálicos, principalmente en Bogotá, Cali y en algunas ciudades intermedias, que motivaron que las autoridades locales declarasen el Toque de Queda en algunas de ellas, para tratar de preservar el orden.
Marchas pacíficas
Desde temprano, los ciudadanos se reunieron en diferentes puntos de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, para realizar movilizaciones masivas en contra del "paquetazo" de medidas económicas que, según los sindicatos, el gobierno de Duque quiere proponer al Congreso, para modificar el régimen laboral y de jubilaciones en detrimento de los trabajadores.
En Bogotá decenas de miles de personas, entre ellas estudiantes, trabajadores, indígenas y afrocolombianos, colmaron la Plaza de Bolívar, el centro del poder en político y judicial de Colombia, a donde llegaron en medio de la algarabía con mensajes como "El Gobierno no invierte en la Educación por temor a la emancipación" o "Más salarios, menos impuestos".
La protesta en Medellín, que fue mayoritariamente pacífica, pese a que hubo conatos de enfrentamientos entre encapuchados y policías, tuvo como punto de encuentro el Parque de las Luces. En esa manifestación participó un grupo de ex combatientes de la disuelta guerrilla de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz, que el próximo domingo cumplirá tres años.
Uno de ellos fue Rodrigo Londoño, presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla, quien participó rodeado de guardaespaldas. "Estamos arrinconando a quienes quieren que sigamos en guerra [...] Yo espero que escuchen al pueblo, tengo la esperanza de que razonen y escuchen la voz del pueblo, el pueblo está pidiendo paz y está pidiendo reconciliación", dijo a periodistas Londoño, conocido en su época de guerrillero como ‘Timochenko’.
En Barranquilla, miles de personas acudieron a la cita y se reunieron en el Paseo Bolívar, donde unieron sus voces para reclamar al Gobierno más inversión en Educación, pese al inclemente calor de esa ciudad del Caribe colombiano.
Disturbios
A lo largo del día hubo disturbios en distintas partes, pero, al caer la tarde, cuando las multitudes se dispersaban, entraron en acción agitadores que se enfrentaron con piedras a la Policía, que respondió con gases lacrimógenos, y vándalos que aprovecharon el desorden para saquear oficinas públicas y comercios.
El mayor foco de violencia se vivió en Cali, la tercera ciudad de Colombia, donde el alcalde, Maurice Armitage, decretó Toque de Queda durante toda la noche, para contener los saqueos a establecimientos comerciales. El Toque de Queda, también, fue implantado en los municipios de Candelaria y Jamundí, cercanos a Cali, debido a los saqueos, al igual que en Facatativá, una localidad ubicada a menos de 50 kilómetros de Bogotá.
Pese a esta medida, en algunos barrios de la zona sur de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, vándalos ingresaron a conjuntos de apartamentos a robar, lo que obligó a sus moradores a armarse con palos y otros objetos para defender sus propiedades.
En la capital colombiana, encapuchados reunidos en la Plaza de Bolívar atacaron a los policías que custodiaban el Capitolio, el Palacio de Justicia y el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía. Policías y encapuchados libraron una batalla campal durante cerca de una hora, en la zona, al caer la tarde, hasta que la fuerza pública logró dispersar a los agitadores.
Un desorden similar ocurrió en el populoso sector de Suba, donde delincuentes destrozaron la principal estación de autobuses del barrio, así como una oficina de atención de los servicios públicos y, además de saquear comercios, incendiaron una moto de la Policía.
"Vandalismo puro"
Al respecto, Duque aseguró, esta noche, en una alocución al País, que los hechos ocurridos tras las manifestaciones son "vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular, ni serán legitimados por el derecho a la protesta".
"He dado unas instrucciones muy precisas, para que la Fuerza Pública garantice la seguridad, que está siendo afectada por vándalos y criminales, que quieren aterrorizar a nuestros ciudadanos", dijo.
El impacto del cacerolazo
Cuando la jornada parecía que había terminado, un súbito cacerolazo en barrios residenciales de Bogotá y otras ciudades del País prolongó las protestas contra Duque. El movimiento comenzó en el tradicional Barrio de Chapinero y se regó, como pólvora, por otros sectores de la Ciudad, donde esta forma de manifestación se alargó varias horas, bajo el grito "¡Resistencia, resistencia!".
El golpeteo de las cacerolas llegó hasta el norte de la Capital, donde una multitud se hizo sentir en frente del condominio donde tiene su residencia particular el mandatario.
El cacerolazo, al que se unieron varias ciudades más y símbolo de las protestas en otros países latinoamericanos, era hasta, hoy, algo casi inusual en Colombia, donde el único antecedente de esta manifestación popular se remonta a mediados de los años noventa, contra el entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998) por el escándalo de filtración de dineros del narcotráfico en la campaña electoral que lo llevó al poder.
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