Condenaron a curas que violaban menores, incluso sordomudos
DELITOS Y PECADOS QUE OTRA VEZ SALEN A LA LUZ
Con retraso, el 25 de noviembre pasado la justicia mendocina hizo honor a su nombre, desprestigiado en este tipo de causas, y condenó a dos curas de la Iglesia católica, Horacio Corbacho y Nicola Corradi, a cargo del Instituto Próvolo en Luján de Cuyo en Mendoza, por abusos sexuales y violaciones a niños y adolescentes sordomudos e hipoacúsicos a cargo de esa institución. También fue condenado el ex jardinero, Armando Gómez.
Las condenas fueron duras e inéditas para estos delincuentes de sotana: a Corbacho, de 59 años de edad, le dieron 45 años de cárcel; a Corradi, de 83 años, otra de 42 años, y a Gómez, de 49 años, 18 años de prisión. Los dos primeros fueron encontrados culpables de «abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores».
El juicio comenzó el 5 de agosto pasado, pero los hechos habían sido denunciado tres años antes, con el agravante que el Instituto Próvolo ya tenía denuncias de hechos aberrantes de sus sacerdotes en su «casa matriz» de Verona, Italia, entre 1950 y 1984.
Uno de los denunciados en la sede italiana era Corradi, quien fue trasladado al instituto del mismo nombre en La Plata. Allí fue acusado de perpetrar el mismo tipo de delitos, pese a lo cual, en vez de ser enjuiciado ante un tribunal y suspendido por la orden católica, fue enviado a Luján de Cuyo, Mendoza, donde volvió a abusar sexualmente de menores. Uno de los peores agravantes, si todo lo anterior no fuera suficiente, es que esos niños puestos bajo su orden por familias generalmente pobres, eran sordomudos e hipoacúsicos. Y en vez de enseñarles el lenguaje de hablar por señas, se les quería instruir para hablar «normalmente», no logrado. El objetivo era que, al no saber el lenguaje de las señas, las víctimas no podían denunciar la situación que padecían de parte de quienes debían velar por su salud física y mental.
En el juicio testimoniaron catorce víctimas, de un total de veinte, aunque como es habitual en la práctica eran muchos más. Por miedo, vergüenza o presiones familiares, no todos se atreven a denunciar en sede judicial. Corbacho fue imputado por 16 «abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores», Corradi fue acusado de 5 y a Gómez por 4.
Los jueces que condenaron al dúo de curas pedófilos y al jardinero cruel fueron Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, del Tribunal Penal Colegiado 2 de Mendoza,.
Un aspecto destacable de su fallo fueron las medidas reparatorias integrales. Le ordenaron al Ministerio de Educación provincial garantizar que las víctimas puedan estudiar, un tratamiento psicológico gratuito y, por medio del Ministerio de Desarrollo Social, el acceso a becas y programas de capacitación. Habrá que ver si esto se cumple, teniendo en cuenta la poca preocupación social del gobierno provincial de Cambiemos y los ajustes en los presupuestos. Ojalá que en el nuevo turno del gobierno nacional esas partidas sean engrosadas.
Las condenas fueron duras e inéditas para estos delincuentes de sotana: a Corbacho, de 59 años de edad, le dieron 45 años de cárcel; a Corradi, de 83 años, otra de 42 años, y a Gómez, de 49 años, 18 años de prisión. Los dos primeros fueron encontrados culpables de «abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores».
El juicio comenzó el 5 de agosto pasado, pero los hechos habían sido denunciado tres años antes, con el agravante que el Instituto Próvolo ya tenía denuncias de hechos aberrantes de sus sacerdotes en su «casa matriz» de Verona, Italia, entre 1950 y 1984.
Uno de los denunciados en la sede italiana era Corradi, quien fue trasladado al instituto del mismo nombre en La Plata. Allí fue acusado de perpetrar el mismo tipo de delitos, pese a lo cual, en vez de ser enjuiciado ante un tribunal y suspendido por la orden católica, fue enviado a Luján de Cuyo, Mendoza, donde volvió a abusar sexualmente de menores. Uno de los peores agravantes, si todo lo anterior no fuera suficiente, es que esos niños puestos bajo su orden por familias generalmente pobres, eran sordomudos e hipoacúsicos. Y en vez de enseñarles el lenguaje de hablar por señas, se les quería instruir para hablar «normalmente», no logrado. El objetivo era que, al no saber el lenguaje de las señas, las víctimas no podían denunciar la situación que padecían de parte de quienes debían velar por su salud física y mental.
En el juicio testimoniaron catorce víctimas, de un total de veinte, aunque como es habitual en la práctica eran muchos más. Por miedo, vergüenza o presiones familiares, no todos se atreven a denunciar en sede judicial. Corbacho fue imputado por 16 «abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores», Corradi fue acusado de 5 y a Gómez por 4.
Los jueces que condenaron al dúo de curas pedófilos y al jardinero cruel fueron Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, del Tribunal Penal Colegiado 2 de Mendoza,.
Un aspecto destacable de su fallo fueron las medidas reparatorias integrales. Le ordenaron al Ministerio de Educación provincial garantizar que las víctimas puedan estudiar, un tratamiento psicológico gratuito y, por medio del Ministerio de Desarrollo Social, el acceso a becas y programas de capacitación. Habrá que ver si esto se cumple, teniendo en cuenta la poca preocupación social del gobierno provincial de Cambiemos y los ajustes en los presupuestos. Ojalá que en el nuevo turno del gobierno nacional esas partidas sean engrosadas.
Aplazo vaticano.
En Próvolo de Mendoza los procesados no se agotan con quienes fueron condenados en este primer juicio. Restan dos juicios más. Uno contra una monja de origen japonés, Kumiko Kosaka, imputada como encubridora, y otro la exdirectora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, que permitieron estos delitos guardando silencio durante años.
Esta primera condena fue una buena noticia para quienes llevaron adelante las denuncias y la causa judicial en la capital bonaerense, donde también hubo cosas aberrantes en el Próvolo de esa ciudad. La fiscal Cecilia Cordfield había imputado a Corradi, al cura Eliseo José Pirmati, quien una vez acusado pidió y obtuvo que la orden Próvolo lo repatriara a Italia, en un asilo diplomático, y a Jorge Britez, empleado administrativo. Con el antecedente cuyano, Cordfield insistirá en la extradición de Pirmati y en el envío a La Plata del condenado Corradi.
Al día siguiente del fallo de Mendoza, arribaba a Salta desde Italia el exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta, quien se presentó ante la jueza de la Sala II del Tribunal de Orán, María Laura Toledo Zamora. A Zanchetta, designado obispo por Francisco, se le ratificó la imputación por «abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido en perjuicio de G.G.F.L. y C.M». En 2017 había renunciado aduciendo problemas de salud y Francisco lo nombró en un alto cargo de la dependencia que administra 5.000 propiedades de la Iglesia.
Después de testimoniar Zanchetta querrá volver a Italia, donde sus imputaciones en Argentina podrían jugarle en contra para seguir en su cargo vaticano. O no, porque la Iglesia católica ya anticipó que ni siquiera iniciará juicios canónicos contra los condenados Corbacho y Corradi hasta que esas condenas no estén firmes. Si por «firmes» se entienden ratificadas por la Cámara Federal, por Casación y eventualmente la Corte Suprema, en la práctica querrá decir que nunca serán expulsados de la Iglesia.
Esa actitud de la institución es muy grave, como otros argumentos utilizados por la Santa Sede para el caso Próvolo. Ante las denuncias de las víctimas de Verona, el investigador de la Curia, obispo Giuseppe Zenti, dijo que esos italianos «también estaban detrás de los reclamos en Argentina, tal vez como una forma de ganar posesión de las bonitas propiedades del instituto en esos lugares».
Al día siguiente de la ejemplar condena, Marcelo De Benedectis, vocero del arzobispo de Mendoza declaró: «nunca hubo ni un rumor de abusos en el Próvolo».
Esa es una falsedad alevosa. En 2011 confirmaron las denuncias de Verona. En 2013 esas víctimas escribieron una carta a Francisco, investido como Papa ese año, detallando los abusos y dando los nombres de los 14 violadores, incluyendo 4 trasladados a Argentina. Como no tuvieron respuesta, en octubre de 2015 una veintena de víctimas fue hasta el Vaticano y dos de ellos, Paola Lodi Rizzini y Giuseppe Consiglio, le entregaron esa misiva en mano al Francisco.
¿Cómo puede decirse en 2019 que no se sabía nada de eso, ni un rumor?
Después hay muchos católicos que no se explican cómo es que dicha religión pierde por año tantos adeptos en el mundo. La pederastia, abusos sexuales, delitos y corrupción vaticana están en la base del problema. ¿O se olvidaron del cura Grassi?
En Próvolo de Mendoza los procesados no se agotan con quienes fueron condenados en este primer juicio. Restan dos juicios más. Uno contra una monja de origen japonés, Kumiko Kosaka, imputada como encubridora, y otro la exdirectora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, que permitieron estos delitos guardando silencio durante años.
Esta primera condena fue una buena noticia para quienes llevaron adelante las denuncias y la causa judicial en la capital bonaerense, donde también hubo cosas aberrantes en el Próvolo de esa ciudad. La fiscal Cecilia Cordfield había imputado a Corradi, al cura Eliseo José Pirmati, quien una vez acusado pidió y obtuvo que la orden Próvolo lo repatriara a Italia, en un asilo diplomático, y a Jorge Britez, empleado administrativo. Con el antecedente cuyano, Cordfield insistirá en la extradición de Pirmati y en el envío a La Plata del condenado Corradi.
Al día siguiente del fallo de Mendoza, arribaba a Salta desde Italia el exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta, quien se presentó ante la jueza de la Sala II del Tribunal de Orán, María Laura Toledo Zamora. A Zanchetta, designado obispo por Francisco, se le ratificó la imputación por «abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido en perjuicio de G.G.F.L. y C.M». En 2017 había renunciado aduciendo problemas de salud y Francisco lo nombró en un alto cargo de la dependencia que administra 5.000 propiedades de la Iglesia.
Después de testimoniar Zanchetta querrá volver a Italia, donde sus imputaciones en Argentina podrían jugarle en contra para seguir en su cargo vaticano. O no, porque la Iglesia católica ya anticipó que ni siquiera iniciará juicios canónicos contra los condenados Corbacho y Corradi hasta que esas condenas no estén firmes. Si por «firmes» se entienden ratificadas por la Cámara Federal, por Casación y eventualmente la Corte Suprema, en la práctica querrá decir que nunca serán expulsados de la Iglesia.
Esa actitud de la institución es muy grave, como otros argumentos utilizados por la Santa Sede para el caso Próvolo. Ante las denuncias de las víctimas de Verona, el investigador de la Curia, obispo Giuseppe Zenti, dijo que esos italianos «también estaban detrás de los reclamos en Argentina, tal vez como una forma de ganar posesión de las bonitas propiedades del instituto en esos lugares».
Al día siguiente de la ejemplar condena, Marcelo De Benedectis, vocero del arzobispo de Mendoza declaró: «nunca hubo ni un rumor de abusos en el Próvolo».
Esa es una falsedad alevosa. En 2011 confirmaron las denuncias de Verona. En 2013 esas víctimas escribieron una carta a Francisco, investido como Papa ese año, detallando los abusos y dando los nombres de los 14 violadores, incluyendo 4 trasladados a Argentina. Como no tuvieron respuesta, en octubre de 2015 una veintena de víctimas fue hasta el Vaticano y dos de ellos, Paola Lodi Rizzini y Giuseppe Consiglio, le entregaron esa misiva en mano al Francisco.
¿Cómo puede decirse en 2019 que no se sabía nada de eso, ni un rumor?
Después hay muchos católicos que no se explican cómo es que dicha religión pierde por año tantos adeptos en el mundo. La pederastia, abusos sexuales, delitos y corrupción vaticana están en la base del problema. ¿O se olvidaron del cura Grassi?
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