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Enviado el: jueves, 5 de abril de 2018 07:59
Asunto: Cordoba: Mujeres abusadas y violadas por los represores esperan el juicio que falta + Juicio carcel de Coronda: Recuerdos del horror + Juicio Ford: Luis Maria Degiusti "Nos pasearon secuestrados dentro de la Ford"
Lesa Humanidad: 50 mujeres abusadas y violadas por los represores esperan "el juicio que falta"
Una causa judicial investiga las violaciones y abusos sexuales de todo tipo cometidos por los represores en los campos de concentración de la dictadura.. Se investigan como "delitos sexuales de Lesa Humanidad" y hay 56 víctimas.
La Justicia Federal de Córdoba está investigando los crímenes sexuales de los represores durante la dictadura militar, tratados como "delitos sexuales de Lesa Humanidad" y no como "tormentos". Son violaciones y abuso sexuales de todo tipo, cometidos contra mujeres en su mayoría, aunque también contra varones, en centros clandestinos de detención, en cárceles bajo régimen militar o durante los secuestros y desapariciones.
Hay una causa en plena instrucción en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, con 45 víctimas de abusos sexuales. Hay otras 12 denuncias acumuladas, por lo que las víctimas podrían llegar a 56. Son mujeres que estuvieron detenidas-desaparecidas en la D2 de la Policía, La Perla u otros centros de detención de la dictadura o la cárcel de San Martín, que ya testimoniaron en esas causas. El expediente por delitos sexuales está caratulado "Miguel Ángel Gómez", por el represor de la D2 apodado "Gato", un reconocido torturador ya condenado en otros juicios por delitos de Lesa Humanidad.
La fiscal federal N°3, Graciela López de Filoñuk, inició la acción penal y elevó el expediente al Juzgado, que procederá a tomar medidas de prueba y testimoniales y, eventualmente, ordenar procesamientos. Hay siete imputados además del "Gato", pero no se descarta que se incluyan por la cadena de mandos. Si las violaciones sexuales forman parte del plan sistemático de la dictadura para desaparecer opositores, como considera la Fiscalía, no podrían ser delitos por mano propia. Tres víctimas son querellantes.
En tanto, recientemente se elevó a juicio la causa "Martella", instruida por el fiscal Carlos Gonella, que ventila varios casos de vejaciones sexuales.
Ya hubo condenas por violaciones a prisioneras de la dictadura en Córdoba y en tribunales de otras partes del país. Pero de momento, son casos aislados, la punta de un iceberg que deja oculto lo que la fiscal Virginia Miguel Carmona, integrante del Ministerio Público Fiscal en el juicio La Perla-Campo de la Ribera, consideró la "gran cifra negra de delitos de índole sexual" de la represión ilegal.
Por tratarse de delitos de instancia privada en los que el Estado no puede iniciar acción penal de oficio, la causa "Gómez" tiene características particulares. López de Filoñuk dijo a este medio que "unas 15 o 20 mujeres" que relataron haber sido violadas durante su detención-desaparición, no quisieron hacer denuncias ni que se investiguen los hechos. "Al tomar conocimiento yo del abuso o la violación, podría haber iniciado la acción, pero priorizo la decisión de las mujeres", señaló. Algunas de estas víctimas expresaron que sus parejas e hijos sabían que habían sido prisioneras de la dictadura, pero no que habían sido abusadas.
También se incluyó como víctimas a mujeres que fueron violadas o abusadas en los centros de detención ilegal y no pudieron contarlo a la Justicia porque no sobrevivieron a la dictadura. Estos casos se conocen por testimonios de terceros.
En cambio, si la mujer (o el varón) fue abusado en el campo de concentración, pero sobrevivió y falleció en democracia, sin denunciar ni hablar del delito sexual que sufrió, el caso queda excluido. En este punto, hay disparidad de criterios entre la fiscal López de Filoñuk y la Procuraduría General de la Nación, concretamente la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Habrá que esperar para ver qué pautas fija el o la próximo/a titular del Ministerio Público Fiscal.
En 2011, esa Unidad elaboró un documento para orientar a los fiscales en el tratamiento de los delitos sexuales de Lesa Humanidad. Se denomina "Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del Terrorismo de Estado" y establece tres criterios en relación a los delitos dependientes de instancia privada, en consonancia con lo que dice el Código Penal:
a) Casos en los que la víctima del abuso sexual sobrevivió al delito y luego expresó ante la autoridad correspondiente su voluntad respecto a la investigación del crimen sufrido. En estos casos, dice la Procuración, se inicia la acción penal.
b) Casos en los que la víctima no sobrevive al delito o sufre lesiones gravísimas. En este caso, "el interés del Estado por juzgar los hechos prevalece y, por lo tanto, ya no se requiere que la víctima inste la acción".
c) Casos en los que la víctima sobrevive al abuso y muere tiempo más tarde sin haber expresado su voluntad respecto de la persecución penal del delito que la damnificó. Aquí, la Procuraduría deja la puerta abierta a la investigación, al poner en duda el silencio de la víctima sobre el hecho, toda vez que en Argentina durante muchos años estuvo anulada la posibilidad de acción penal contra los represores de la dictadura. Sin embargo, aclara que "la investigación sólo podría realizarse si se considera que el hecho también ha implicado un delito que no requiere instancia
privada (el tormento)".
https://enredaccion.com.ar/lesa-humanidad-50-mujeres-abusadas-y-violadas-por-los-represores-esperan-el-juicio-que-falta/
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Desde Santa Fe.
Victorio Paulón (foto) fue uno de los 250 obreros metalúrgicos de Villa Constitución que pasaron por las celdas de Coronda, entre 1975 y 1976, después de la represión y el golpe. El jueves, declaró ante el Tribunal Oral de Santa Fe en el juicio a los ex comandantes de Gendarmería, Adolfo Kushidonchi y Juan Angel Domínguez, quienes se alternaron en el comando de la cárcel durante la dictadura. Recordó a su amigo y ex compañero de militancia desaparecido, César Raúl Tabares, el último director de Institutos Penales del Frejuli. Y asoció las amenazas que sufría de la Triple A, el atentado en su casa y el "movimiento" que operó para desplazarlo del con su secuestro en enero de 1977, en Rosario. "El origen de la desaparición de Tabares es por lo que hizo en la cárcel de Coronda" bajo el mandato constitucional que ordena "cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los presos".
Histórico del sindicalismo combativo, Paulón es hoy secretario de Derechos Humanos de la CTA e integra la comisión directiva del CELS. Cayó en mayo de 1975 porque integraba el comité de huelga de Villa Constitución. Estuvo doce días en la Jefatura de Rosario y luego junto a 30 compañeros lo trasladaron a Coronda. Allí se encontró con Tabares, quien estaba al frente de Institutos Penales, pero se había refugiado en la cárcel por las amenazas de la Triple A. El abrazo entre ambos es conocido. La política de Tabares era "humanizar" las cárceles de la provincia -dijo Paulón-, en Coronda autorizó las visitas largas los fines de semana y el acceso a la lectura, lo que generó el "malestar y la bronca del núcleo duro" del Servicio Penitenciario.
"Coronda era un campo de experimentación de la destrucción física y moral de las personas. Era sorprendente el fanatismo ideológico de los cabecillas de la cárcel. El grado de convencimiento de las torturas y la formación que tenían, acorde a la doctrina de la Seguridad Nacional y el terrorismo de Estado", agregó. Cuando le preguntaron por prefectos y gendarmes que operaban puertas adentro, Paulón mencionó a varios. Un tal "Rodríguez", al que llamaban "Sobaco" era "muy obsesivo con nosotros, especialmente conmigo", dijo. Y señaló a "Mattos y Acosta" como "los jefes del movimiento que culminó con la renuncia de Tabares", en setiembre de 1975.
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Por Alejandro Jasinki
Luis María Degiusti no podía creer lo que le ocurría. Hasta llegó a lamentarse porque no podría ir a bailar ese fin de semana. Sin embargo, cuando escuchaba el canto de José Feliciano, "Aturdido y abrumado, por la duda de los celos / Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe", reaccionaba para evitar ser llevado a la "picana". El comienzo de la célebre canción "La copa rota" indicaba que alguien sería torturado con corriente eléctrica en los calabozos de la Comisaría de Tigre.
Aquel baño de realidad le hacía recordar entonces a Degiusti que hasta el momento de su secuestro, el mismo 24 de marzo de 1976, era uno de los cinco delegados del comedor de la sección estampado de la empresa Ford Motors Argentina. A fines de 1975, dos de sus compañeros habían renunciado a la función gremial. Desde la empresa, eran categóricos: "La mano viene difícil para ustedes". Él y los otros dos revolearon por los aires los millones de pesos ofrecidos para irse de la fábrica. Cuando se produjo el Golpe de Estado de marzo de 1976, fueron secuestrados, torturados y despedidos.
Este recuerdo surgió del testimonio de este martes 3 de abril en una nueva audiencia del "Juicio a Ford", que se desarrolla ante el tribunal oral federal nº 1 de San Martín, donde se le imputa a dos ex altos directivos de la empresa la comisión de delitos de lesa humanidad contra veinticuatro ex trabajadores.
Degiusti, que también fue miembro de la comisión interna de Ford, apuntó alto: "Los gerentes estaban recontra enterados, ellos mismos nos mandaron presos", subrayó ante el tribunal, para enseguida explicar que a los pocos días de estar secuestrados le enviaron a su mamá dos telegramas intimidatorios, hasta que finalmente recibió el telegrama de despido unos días antes de salir en libertad: "Es una clara prueba de que conocían, ellos sabían", apuntó.
El tiempo como arma
Entrerriano de origen, Degiusti ingresó a Ford en 1971, con diecisiete años, para lavar ollas en el comedor de la planta automotriz de General Pacheco, norte de la provincia de Buenos Aires. Unas trescientas personas, la mayoría jovenes como él, atendían los salones donde comían -por separado- los operarios, empleados y jerárquicos de la empresa.
Jóvenes e irreverentes, después de trabajar, se juntaban con varios compañeros a jugar a la pelota en las canchas del predio, sin mayores preocupaciones, hasta que un día se entenraron que dos de los suyos habían sido despedidos por afiliarse al sindicato de gastronómicos. "Nos juntamos cuatro o cinco, nos fuimos para la CGT y pedimos hablar con el secretario general", recordó Degiusti acerca de su inicio en la actividad gremial. Era 1973, año del comienzo del tercer gobierno peronista y de uno de los momentos más álgidos de la lucha obrera en el país.
"Varios pensaban que se podían afiliar individualmente, pero te echaban al otro día", contó y agregó que entonces en la sede de la CGT los recibió José Rodríguez, secretario general del SMATA (sindicato de mecánicos), quien les dio todo su apoyo para la afiliación. Es que la cuestión radicaba en el reencuadre sindical: la diferencia salarial y de condiciones de trabajo eran muy superiores para los mecánicos en relación a los gastronómicos. "El que barría en el comedor cobraba 12 mil pesos, y el que lo hacía en la planta, cobraba 26 mil", explicó Degiusti.
Con el apoyo del interesado del sindicato, en una semana lograron una afiliación colectiva, de unos ochenta trabajadores, y eligieron delegados. Al poco tiempo, los trabajadores del comedor habían doblado sus sueldos, tenían mejores condiciones de trabajo, provisión de equipamiento adecuado, pago por guardería y hasta el Día Femenino. "A partir de ahí se empezaron a cumplir las reglas", sentenció Degiusti.
La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico
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