COMPLETÓ LA ENTREGA DE ARMAS SUPERVISADA POR ONU
Las FARC ya cumplieron, ahora le toca al gobierno de Santos
El 27 de junio la guerrilla colombiana completó la dejación de sus armas ante la misión de la ONU. En el acto hablaron el presidente Santos y el jefe guerrillero "Timochenko", ahora desmovilizado. Ahora le resta cumplir al Estado.
EMILIO MARÍN
En la vereda Buenavista, municipio de Mesetas, Departamento del Meta, se realizó el martes un acto político trascendente para el proceso de paz, donde hablaron Jean Arnault, jefe de la Misión de la ONU; Rodrigo Londoño, alias Timochenko, comandante de las FARC, y el presidente Juan M. Santos.
El evento fue importante porque entre el 20 y 26 de junio se había completado la dejación de armas de los rebeldes, supervisada por la ONU. Ya el año pasado habían entregado el 60 por ciento de su armamento y restaba hacerlo con el 40 por ciento.
Arnault certificó que la guerrilla había honrado sus compromisos: "las FARC han cumplido y entregaron todas sus armas individuales; con este paso surgen nuevas oportunidades, nuevas necesidades. Además de la dejación de armas, la implementación del proceso de paz, la seguridad será vital para para una reconciliación y para el regreso de las FARC a la vida civil".
Se entregaron 7.132 armas individuales y ya se pusieron bajo supervisión y candado de la ONU las almacenadas en 77 caletas o depósitos, siendo documentado el total de 942 caletas. Solamente quedaron 700 armas para garantizar la seguridad de los 26 campamentos donde habitan los desmovilizados, mientras se termina la construcción de 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización, que sería el 1 de agosto.
El enviado de la ONU, que supervisó desde el año pasado los procedimientos, estaba exultante con el resultado. Y en su discurso en el Meta lo puso de modelo internacional: "podemos recomendar a las Naciones Unidas que recoja las experiencias de Colombia para aplicarlas en otras partes del mundo".
Hay que cuidarse del triunfalismo porque todavía faltan muchos aspectos de lo negociado en La Habana entre las FARC y el gobierno de Santos desde noviembre de 2012 hasta agosto de 2016. Luego del traspié del SÍ en la consulta popular de octubre de aquel año, hubo negociaciones suplementarias entre octubre y noviembre de 2016, cambiándose algunos acuerdos atendiendo al sentido negativo de aquella votación. Santos y Londoño firmaron el texto definitivo en noviembre pasado, luego convertido en ley del Congreso aunque no fue incorporado a la Constitución como pedían los rebeldes.
Con un lenguaje de diplomático, Arnault habló de la necesidad de cumplir con lo que aún resta, sobre todo de parte del estado colombiano. "Los esfuerzos de cooperación de los últimos nueve meses no deben disminuir", advirtió en su discurso. Los 500 desmovilizados lo aplaudieron mucho porque su reinserción civil y hasta sus vidas y libertades dependen de ello.
Alegría y reclamos
"Timochenko" tomó el número 1 de la organización luego del bombardeo y asesinato del comandante Alfonso Cano, en 2012, año en que abrieron las negociaciones primero en Oslo y luego en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Ese crimen dejó en claro que el estado negociaba pero seguía la guerra de aniquilamiento de la mayor guerrilla del país y del continente.
Ahora "Timochenko" seguramente querrá que lo conozcan por su nombre real, Rodrigo Londoño, y no por ese alias ni por el otro, Timoleón Jiménez. Es que hoy está conduciendo un movimiento político y como lo expresó en la vereda de Buenavista el martes, su única arma será la palabra.
Él condujo exitosamente a esa fuerza en el campo de batalla, aún en una guerra desigual contra el principal ejército regional y más armado y financiado por Estados Unidos, con el plan Colombia comenzado por Bill Clinton, con 7 bases militares estadounidenses.
Y esa guerrilla, iniciada por el mítico Manuel Marulanda Vélez en mayo de 1964 en Marquetalia, no pudo ser aniquilada por las fuerzas militares y su eficiente colaborador en el genocidio, las Autodefensas Unidas de Colombia, o sea los paramilitares.
En estos 53 años de conflicto armado hubo 220.000 víctimas y 7 millones de desplazados. Los insurgentes sufrieron bombardeos, asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, violaciones, cárcel y muchas violaciones a los derechos humanos, incluso los asesinatos de sus jefes Cano, Raúl Reyes, Mono Jojoy y la muerte por enfermedad de Marulanda. Pero no pudieron ser derrotados por el Estado. Por eso pudieron sentarse a negociar con relativa fortaleza, aun haciendo concesiones, porque ellos tampoco lograron tomar el poder ni poner en marcha una Nueva Colombia con reforma agraria y soberanía.
Lo cierto es que Londoño condujo a desmovilizarse a 6.500 hombres y mujeres, que entregaron una cantidad mayor de armas, y a esa fuerza debe añadirse varios miles de presos políticos que aún no han recuperado la libertad.
En su discurso en Buenavista el sucesor de Cano expresó: "cumplimos. Hoy dejamos las armas. El Estado nos ofreció un pacto para construir. Estamos listos para seguir ese camino". Añadió: "adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz". El hombre estaba contento, como la guerrillereada que vivó varias veces a la paz.
Londoño hizo críticas al estado colombiano, en las propias narices de Santos. Por ejemplo cuestionó "la negligencia por parte del Estado porque el asesinato de líderes no se detiene. (…) Trabas de orden burocrático, administrativo, judicial y hasta político. (…) Nada justifica su demora". Se refería no sólo a las muertes de algunos guerrilleros en camino hacia las zonas veredales sino también de líderes sociales, que siguen siendo blancos de atentados.
Todo lo que falta
Santos en su alocución trató de repartir las cargas y culpas: "quedan aún deberes recíprocos que ustedes y el Estado tenemos que cumplir para que este acuerdo de paz que hemos alcanzado se traduzca en una paz justa, estable y duradera para nosotros y todas las generaciones por venir".
Antes Londoño se había referido a la demorada ley de amnistía, con guerrilleros que siguen en las cárceles y según los acuerdos ya deberían estar libres. Jesús Santrich, uno de los principales jefes del bloque Caribe de las FARC, está en huelga de hambre en solidaridad con los prisioneros políticos. Éstos son 3.400, en su mayoría ligados a las FARC, pero solamente 832 tuvieron el beneficio de la amnistía. El resto sigue en prisión.
El comisionado de la Paz, Sergio Jaramillo, admitió ese problema y demoras, pero los adjudicó a la falta de presupuesto y personal de los juzgados penales. Desde el 26 de junio, cuando las FARC entregaron sus últimas armas, Santrich acompaña la huelga de hambre que se realiza en varios penales, como los de Chiquiquirá y Barne, en Tunja, donde los reclusos se cosieron la boca. Esta semana hubo reclamos ante los juzgados penales de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Valledupar, Popayán, Pereira y Cúcuta, demandando que se libere a los presos políticos.
Un balance objetivo del cumplimiento de los compromisos arroja que la guerrilla honró su palabra y el Estado no, o que está bastante demorado. Se comprueban tres retrasos serios.
Uno es que no completó las 23 Zonas Veredales donde con un mínimo de servicios elementales puedan vivir 6.500 guerrilleros desmovilizados. Estos siguen en campamentos precarios.
El otro atraso es en lo recién detallado sobre demora en la amnistía y mayoría de guerrilleros presos, muchos con graves problemas de salud.
De allí cabe suponer que el Estado también se va a retrasar en la certificación de los desmovilizados y en pagar el subsidio convenido a éstos, para que puedan abandonar sus Zonas Veredales en búsqueda de reinserción. Es muy probable que los plazos se estiren por negligencia, burocracia o interés político del gobierno y de la oposición, que tratarán de demorar el ingreso de un competidor por izquierda en el escenario electoral y parlamentario teniendo en cuenta las presidenciales de 2018.
La tercera demora también es visible en el Congreso, donde no fue reglamentada la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni el proyecto electoral que crea las 16 circunscripciones especiales de paz donde fueron los puntos más álgidos del conflicto armado. Todo eso pasó para el segundo semestre legislativo, a partir del 20 de julio próximo.
Londoño y sus compañeros realizarán en agosto un Congreso para fundar el partido legal. Y allí, con su programa, estatuto y dirigencia aprobados, buscarán inscribirlo ante el Consejo Nacional Electoral. Quieren terminar estos trámites antes del 11 de diciembre cuando se vence el plazo para la inscripción de candidatos al Congreso.
Todo ese trámite de conversión de fuerza armada en movimiento político legal seguramente estará minado de obstáculos administrativos, para demorar su debut político. Y eso que por ahora la fuerza mayoritaria en Colombia es la que acaudilla Santos, en detrimento del Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe, un enemigo declarado de los acuerdos de paz.
Precisamente ese el mayor peligro para la reinserción de la guerrilla: si el partido uribista, de ultraderecha, llegara a ganar las presidenciales de 2018, sería un riesgo mortal en todo el sentido de la palabra. El fantasma del aniquilamiento de entre 3.500 y 5.000 dirigentes y miembros de la Unión Patriótica, un partido legal creado por la guerrilla en 1985, podría tomar forma de nuevo.
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Sergio Ortiz
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