DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Señalarán a una comisaría de Ledesma como centro clandestino
La Comisaría 11 de Libertador General San Martín, más conocido como Ledesma, por el ingenio de este nombre, será señalizada como un lugar donde en la última dictadura funcionó un Centro Clandestino de Detención.
Por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese pueblo, equidistante entre las ciudades de Salta y San Salvador de Jujuy, está siendo investigado el dueño de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y quien fuera su administrador, el salteño Alberto Lemos, en un proceso que tiene que definir la Corte Suprema de Justicia de la Nacion.
Organismos de derechos humanos de Jujuy informaron que realizarán una serie de actos para conmemorar el Día Provincial de los Derechos Humanos, el próximo 20 de julio, entre ellos la imposición de una placa en homenaje a las víctimas de la conocida como Noche del Apagón y la señalización de la Comisaría 11 de Libertador, ubicada en el barrio Ledesma, al lado del destacamento de Gendarmería.
Este año se cumplirán 41 años de los hechos conocidos como la Noche del Apagón, cometidos entre el 20 al 26 de julio de 1976 en los pueblos de Libertador, Calilegua y El Talar, donde fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, con la logística del Ingenio Ledesma, secuestraron a unas 400 personas, de las cuales más de 30 siguen desaparecidas. Todos los años se marcha desde Calilegua a Libertador para recordar estos hechos. (NuevoDiariodeSalta)
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Juicio de los Magistrados| "La inacción y la omisión sistemática quedó documentada en los expedientes"
A días del inicio de la causa que involucra a funcionarios judiciales con crímenes de lesa humanidad, el fiscal Carlos Gonella afirmó que "hay abundante prueba documental" donde paradójicamente las huellas de la inacción están presentes. Destacó que para la sociedad este proceso es importante porque mostrará el terrorismo de estado en toda su dimensión. A la vez, dijo, que para las víctimas será una instancia reparadora. También se refirió al evidente retroceso en las políticas de derechos humanos.
Por Katy García – PrensaRed
Por primera vez en Córdoba, funcionarios de la Justicia Federal imputados por abuso de autoridad, violaciones de los deberes de funcionario público y encubrimiento de delitos de lesa humanidad, durante la dictadura cívico militar, serán juzgados desde el próximo 25 de julio en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2). Al otro día, en Mendoza, en el llamado "Juicio de los Jueces", los ex magistrados Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Petra Recabarren, acusados de crímenes de lesa humanidad y con pedido de prisión perpetua estarían recibiendo la sentencia. (1)
Los acusados son Antonio Cornejo (ex fiscal federal), Miguel Ángel Puga (el ex juez federal N°2), Carlos Otero Álvarez (ex secretario del Juzgado Federal N°1) y Ricardo Haro (el ex defensor oficial). Fueron apartados el fiscal Alí Fuad Alí y el ex defensor oficial Luis Eduardo Molina por razones de salud. El exjuez Adolfo Zamboni Ledesma, uno de los principales acusados por los testigos fue beneficiado por el punto final biológico en 1984.
El llamado "juicio de los magistrados" es un desprendimiento de la causa Videla realizado en 2010. Durante aquel debate quedaron al descubierto el rol del poder judicial y de la Iglesia en los fusilamientos de una treintena de presos políticos ocurridos entre abril y octubre de 1976. Ahora, que los nuevos viejos vientos de cambio, se empeñan en re nombrar al horror como "dictadura militar" a secas, un hecho histórico sin precedentes asoma. El Tribunal actuante estará integrado por Julián Falcucci (Presidente); José Camilo Quiroga Uriburu (Subrogante) y Jorge Sebastián Gallino (Subrogante). En representación del Ministerio Público Fiscal acusarán Carlos Gonella junto a Facundo Trotta, por 75 víctimas.
En diálogo con Prensared el fiscal repasó el proceso y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1992, afirmó que "la dictadura cívico militar contó con la complicidad del poder judicial" y lo personalizó en Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido) y su secretario luego juez de cámara, Carlos Otero Álvarez.
- Un puñado de funcionarios judiciales llegan a juicio tras años de dilaciones y apartamientos. Incluso, hubo problemas para conformar el Tribunal. ¿Cómo lo analiza?
-Es un proceso que tiene la particularidad de juzgar por primera vez a un sector civil con alta representatividad institucional porque se trata de ex magistrados y funcionarios de la justicia federal que cumplían funciones durante el terrorismo de estado en distintos cargos: jueces, fiscales, defensores públicos y secretarios de juzgados. Este juicio tiene la particularidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 74 90 del año 1992 dijo expresamente que la dictadura cívico militar contó con la complicidad del poder judicial de la provincia de Córdoba y dio los nombres del exjuez federal Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido) y el ex secretario federal a la postre juez de Cámara del TOF N°1 Carlos Otero Álvarez.
Fue un proceso muy largo y otra de las particularidades ha sido el apartamiento de todos los jueces y fiscales. Por eso, tuvo que ser instruido por el juez de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena. Y como fiscal de instrucción intervine yo porque no había ninguno que lo hiciera. No fue simple.
-¿Qué se juzga en este juicio?
-Se juzga la conducta de estos ex magistrados y funcionarios en relación a las causas que ellos instruían por infracción a la denominada Ley Antisubversiva (Ley 20840) por la cual estaban imputados, con causa judicial, perseguidos políticos con diferentes perfiles. Desde ex integrantes de organizaciones guerrilleras revolucionarias, hasta estudiantes, militantes sociales, estudiantes secundarios, sindicalistas, catequistas como Marta Juana González de Baronetto, y distintas personas a las que se los consideraba subversivos y por eso se los perseguía legal e ilegalmente. Digo "legal" porque la mayoría de estas personas tenían causas judiciales en su contra y estaban a disposición de estos jueces y fiscales. Pero fueron torturadas en la temible D2.
Y fueron víctimas de una serie de delitos atroces. No solo la privación ilegal de la libertad sino también tormentos y hasta homicidios que estaban en conocimiento de los acusados y que no hicieron absolutamente nada. Y como fue un obrar sistemático y prolongado en el tiempo, la fiscalía considera que la conducta de estos acusados además de violar delitos funcionales es decir delitos que implican incumplimiento de deberes a su cargo también actuaron con complicidad con los ejecutores materiales de los hechos es decir con los integrantes de las fuerzas armadas, militares y de seguridad. Se los acusa de diferentes delitos y dos de los acusados Alí Fuad Alí y Luis Eduardo Molina fueron apartados porque no están en condiciones físicas, mentales y psicológicas de hacerlo.
-¿Además de las víctimas de la causa Videla que estaban a disposición del PEN y de la Justicia Federal se agregaron nuevas?
-Las víctimas de este proceso fueron en su mayoría las de la Unidad Penitenciaria 1 pero se agregaron otras. Porque no solo se juzga la conducta de los ex magistrados en relación a lo que no investigaron sobre las víctimas que fueron finalmente asesinadas por aplicación de la Ley de fuga, sino que hay otras, incluso varios sobrevivientes y que van a declarar como testigos. De manera tal que la prueba testimonial es abundante y sobre todo, la documental porque conductas como la inacción y la omisión sistemática de no actuar quedó documentada en los expedientes que componen la causa.
- ¿Qué significa para la sociedad y para las familias esta instancia que comienza el próximo 25 de julio?
Para la sociedad es muy importante desde mi perspectiva. Esto nos muestra el terrorismo de estado en toda su dimensión. Han sido juzgados los ejecutores pero no había ocurrido con la parte civil. El empresariado y el poder judicial. En Córdoba quedó trunca la parte empresarial por el contexto actual. Si se decidiera hay mucho para investigar en ese aspecto. Para las víctimas, sin dudas, tendrá un aspecto reparador importante. Para los colectivos de familiares de detenidos por razones políticas y otros organismos de derechos humanos que confiaron en que iban a ser juzgados con la ley en la mano y resultó exactamente lo contrario. Porque estar blanqueados significaba un puente hacia la vida. Estar a disposición de esos jueces les daba cierta seguridad pero en realidad esas expectativas fueron absolutamente defraudadas.
-¿Cómo analiza los cambios operados en relación a las políticas de estado en materia de derechos humanos? Por caso, demoras en la continuidad de los juicios, fallos como el 2×1?
Es indudable que estamos en un contexto de claro retroceso, en materia de políticas públicas de derechos humanos, marcado por hechos objetivos. No solo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Muiña que aplicó el beneficio del 2 x1 en contra de lo que establece la Constitución y los Tratados Internacionales. Sino que desde un primer momento funcionarios de primera línea del gobierno actual han tenido actitudes negacionistas. También se desarticularon equipos de trabajo que tienen que ver con la comunicación y trabajos documentales, se redujo el presupuesto en organismos estatales y eso tiene como consecuencia que disminuya la actividad. Porque el gobierno tiene otras prioridades sobre todo en materia económica cuyos resultados están a la vista. Hay políticas económicas que golpean a los más pobres y benefician a los ricos. Claramente el contexto es adverso.
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CHACO FISCALIA PIDE ELEVACION A JUICIO ORAL CAUSA POR LOS ASESINATOS DE RAUL ESTIGARRIBIA EN 1977 Y CARLOS PICCOLI EN 1979 DE LAS LIGAS AGRARIAS
La Unidad fiscal para delitos de lesa humanidad de Resistencia pidió la elevación a juicio de una causa con cinco imputados por los asesinatos de Raúl Eduardo Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli en el marco de la represión de la última dictadura contra integrantes de las Ligas Agrarias de
El pedido de los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini, Diego Vigay y Horacio Francisco Rodríguez alcanza también al comisario retirado José Francisco Rodríguez Valiente, por el delito de encubrimiento de ambos homicidios, y al comisario general retirado Eduardo Wischnivetzky, por secuestros y torturas de los que fueron víctimas tres productores rurales.
Según la versión oficial de la dictadura, Estigarrribia y Piccoli fallecieron en "enfrentamientos" con fuerzas de seguridad, según consignan sumarios policiales incorporados a un expediente de la justicia federal de la época, recordó hoy el sitio fiscales.gob.ar.
Pero la investigación que llevó al procesamiento de los imputados y al pedido de elevación a juicio dio por acreditado que los dos dirigentes de las Ligas Agrarias chaqueñas, un poderoso movimiento campesino que a comienzos de los '70 y que se había extendido también a otras provincias del nordeste argentino, fueron ejecutados sin juicio ni condena.
Gómez Estigarribia era "intensamente buscado" por las fuerzas armadas desde 1975 por su pública militancia en las Ligas. Fue herido de bala y secuestrado en 1977, en una emboscada que le tendieron en la localidad de Corzuela y donde, según relató un testigo, fue baleado estando desarmado.
En cuanto a Piccoli, por la persecución sufrida desde 1975 se exilió en España hasta 1979, cuando regresó al Chaco y a la militancia junto a Armando Molina -quien permanece desaparecido- con la intención de reconstruir las Ligas Agrarias. En abril de 1979 fue capturado en un retén policial cuando se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida, próximo a la ciudad de Sáenz Peña.
En cuanto a la acusación de la Unidad Fiscal a Wischnivetzky, ésta lo señala como quien comandó operaciones policiales contra militantes de las Ligas Agrarias en la localidad chaqueña de Villa Berthet en agosto de 1976. En este caso, tres productores fueron apresados de manera ilegal y torturados para forzarlos a dar información sobre las Ligas y en particular sobre los dirigentes agrarios Hugo Voucouber y Secundino Taco Vallejos, que eran buscados, fueron capturados y permanecen desaparecidos.
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