Para: "Jorge Araya" <siemprepelusa@hotmail.com>
Enviados: Domingo, 17 de Enero 2021 13:51:22
Asunto: "No hay ni un centímetro cuadrado en el territorio que controla Israel donde un palestino y un judío son iguales. Las únicas personas de primera clase aquí son ciudadanos judíos como yo..." Así es el criminal apartheid impuesto por el sionismo.
Somos el grupo de Derechos Humanos más grande de Israel, y lo llamamos apartheid
Hagai El-Ad - Activista israelí de Derechos Humanos y director ejecutivo de B'Tselem
- 12 de enero de 2021
La promoción sistemática de la supremacía de un grupo de personas sobre otro es profundamente inmoral y debe terminar.
"El futuro debe ser radicalmente diferente". La controvertida barrera de separación de Israel en el cruce de Qalandia entre la ciudad palestina de Ramallah en la ocupada Cisjordania y el este de Jerusalén anexado, diciembre de 2020. Fotografía: Abbas Momani / AFP / Getty Images
No se puede vivir un solo día en Israel-Palestina sin la sensación de que este lugar está siendo diseñado, constantemente, para privilegiar a un pueblo, y sólo a un pueblo: el pueblo judío. Sin embargo, la mitad de los que viven entre el Río Jordán y el Mar Mediterráneo son palestinos. El abismo entre estas realidades vividas llena el aire, sangra, está por todas partes en esta tierra.
No me refiero, simplemente, a declaraciones oficiales que detallan esto, y hay muchas, como la afirmación del primer ministro Benjamin Netanyahu, en 2019, de que "Israel no es un Estado de todos sus ciudadanos", o la ley básica del "Estado Nación" que consagra "la desarrollo del asentamiento judío como valor nacional". A lo que estoy tratando de llegar es a un sentido más profundo de que las personas son deseables o indeseables, y un entendimiento sobre mi país al que he estado expuesto gradualmente desde el día en que nací en Haifa. Ahora, es una comprensión que ya no se puede evitar.
Aunque existe paridad demográfica entre los dos pueblos que viven aquí, la vida se gestiona de modo que sólo la mitad disfrute de la gran mayoría del poder político, los recursos territoriales, los derechos, las libertades y las protecciones. Es una gran hazaña mantener tal privación de derechos. Más aún, para comercializarla con éxito como una democracia (dentro de la "Línea Verde" –la línea del armisticio de 1949), una a la que se adjunta una ocupación temporal. De hecho, un gobierno gobierna a todos y todo entre el río y el mar, siguiendo el mismo principio organizativo en todas partes bajo su control, trabajando para avanzar y perpetuar la supremacía de un grupo de personas –judíos– sobre otro –palestinos–; eso es apartheid.
Israel es un régimen de apartheid no democrático, dice grupo de derechos… Lee más
No hay ni un centímetro cuadrado en el territorio que controla Israel donde un palestino y un judío son iguales. Las únicas personas de primera clase aquí son ciudadanos judíos como yo, y disfrutamos de este estatus tanto dentro de las líneas de 1967 como más allá de ellas, en Cisjordania. Separados por los diferentes estatus personales que se les asignan, y por las muchas variaciones de inferioridad a las que los somete Israel, los palestinos que viven bajo el gobierno de Israel están unidos porque todos son desiguales.
A diferencia del apartheid sudafricano, la aplicación de nuestra versión, apartheid 2.0, si se quiere, evita ciertos tipos de fealdad. No encontrará carteles de "solo blancos" en los bancos. Aquí, "proteger el carácter judío" de una comunidad –o del Estado mismo– es uno de los eufemismos apenas velados que se utilizan para tratar de oscurecer la verdad. Sin embargo, la esencia es la misma. El hecho de que las definiciones de Israel no dependan del color de la piel no hace ninguna diferencia material: es la realidad supremacista la que es el meollo del asunto y la que debe ser derrotada.
Hasta la aprobación de la Ley del Estado-Nación, la lección clave que Israel parecía haber aprendido de cómo terminó el apartheid en Sudáfrica fue evitar declaraciones y leyes demasiado explícitas. Estos pueden correr el riesgo de provocar juicios morales y, finalmente, Dios no lo quiera, consecuencias reales. En cambio, la acumulación paciente, tranquila y gradual de prácticas discriminatorias tiende a evitar las repercusiones de la comunidad internacional, especialmente si uno está dispuesto a hablar de labios para afuera de sus normas y expectativas.
Así es como se logra y aplica la supremacía judía en ambos lados de la Línea Verde.
Diseñamos demográficamente la composición de la población, trabajando para aumentar el número de judíos y limitar el número de palestinos. Permitimos la migración judía, con ciudadanía automática, a cualquier lugar que controle Israel. Para los palestinos, lo contrario es cierto: no pueden adquirir un estatus personal en ningún lugar que controle Israel, incluso si su familia es de aquí.
Diseñamos el poder mediante la asignación, o la negación, de derechos políticos. Todos los ciudadanos judíos pueden votar (y todos los judíos pueden convertirse en ciudadanos), pero menos de una cuarta parte de los palestinos bajo el gobierno de Israel tienen la ciudadanía y, por lo tanto, pueden votar. El 23 de marzo, cuando los israelíes vayan a votar, por cuarta vez en dos años, no será una "celebración de la democracia", como se suele llamar a las elecciones. Más bien, será otro día más en el que los palestinos privados de sus derechos políticos vean cómo otros determinan su futuro.
Diseñamos el control de la tierra expropiando grandes extensiones de tierra palestina, manteniéndola fuera de los límites para su desarrollo, o usándola para construir ciudades, vecindarios y asentamientos judíos. Dentro de la Línea Verde, hemos estado haciendo esto desde que se estableció el Estado, en 1948. En Jerusalén Este y Cisjordania, lo hemos estado haciendo desde que comenzó la ocupación, en 1967. El resultado es que las comunidades palestinas –en cualquier lugar entre el río y el mar– enfrentan una realidad de demoliciones, desplazamientos, empobrecimiento y hacinamiento, mientras se asignan los mismos recursos de tierra para el nuevo desarrollo judío.
Y diseñamos o, más bien, restringimos, el movimiento de los palestinos. La mayoría, que no son ciudadanos ni residentes, dependen de los permisos y puestos de control israelíes para viajar dentro y entre un área y otra, así como para viajar internacionalmente. Para los dos millones en la Franja de Gaza, las restricciones de viaje son las más severas; esto no es sólo un bantustán [nombre que se dio a los veinte territorios que operaron como reservas tribales de habitantes no blancos en Sudáfrica y África del Sudoeste], ya que Israel lo ha convertido en una de las prisiones al aire libre más grandes de la Tierra.
Haifa, mi ciudad natal, fue una realidad binacional de paridad demográfica hasta 1948. De unos 70.000 palestinos que vivían en Haifa, antes de la Nakba ["catástrofe" o "desastre", el brutal éxodo palestino, a partir de 1948, forzado por las tropas sionistas], menos de una décima parte quedó después. Han pasado casi 73 años desde entonces, y ahora Israel-Palestina es una realidad binacional de paridad demográfica. Yo nací aquí. Quiero, tengo la intención, quedarme. Pero, quiero, exijo, vivir en un futuro muy diferente.
El pasado es uno de traumas e injusticias. En el presente se reproducen, constantemente, más injusticias. El futuro debe ser radicalmente diferente: un rechazo a la supremacía, construido sobre un compromiso con la justicia y nuestra humanidad compartida. Llamar a las cosas por su nombre propio, apartheid, no es un momento de desesperación, sino un momento de claridad moral, un paso en una larga caminata inspirada en la esperanza. Vea la realidad tal como es, nómbrela sin vacilar y ayude a lograr la realización de un futuro justo.
¿Qué hacemos con las 112 empresas delincuentes denunciadas por el Consejo de Derechos Humanos?
· Hay cierta dejadez por parte de la Unión Europea, sus Estados miembros y los múltiples agentes reguladores en aplicar normas disuasorias a las empresas que se lucran con la ocupación de Palestina. Dejadez o complicidad
Santiago González Vallejo - Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
- 4 de enero de 2021
Personas refugiadas de Palestina en la escuela del Campamento de Bureij recibiendo raciones de alimentos durante la pandemia COVID-19.
Si las conductas delictivas no suponen rechazo y coste, el mensaje explícito es que prevalece la ley del más fuerte, la impunidad criminal y la reincidencia. Por eso, la prevalencia de la Ley y el Derecho Internacional también afectan a las empresas.
Siendo ciertos estos axiomas, algo está fallando en la gobernanza internacional y en los Estados democráticos.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió el mandato, en el año 2016, de estudiar qué empresas se estaban lucrando con la ocupación israelí en los territorios palestinos. El mandato se circunscribía sólo al territorio palestino posterior a 1967, sin incluir a las empresas que se benefician de la ocupación israelí en los Altos del Golán sirios.
Por fin, y tras superar presiones infinitas de los gobiernos de los países donde se radicaban las sedes de las empresas estudiadas, Michele Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo público, el 12 de febrero de este año, un primer informe que incluía a 112 empresas. Hay que decir que en el informe inicial, del año 2018, se incluían a 307 empresas; las posteriores revisiones, avisos y compromisos, redujeron finalmente la lista a 112 empresas, de las cuales 94 tienen sede social en Israel. El resto son de Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Tailandia. Algunas de las compañías mencionadas son colaboradoras de la Unión Europea, en diferentes programas y muchas de ellas cuentan con filiales en multitud de países. Entre las empresas listadas están Booking, TripAdvisor, Expedia y eDreams.
Las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) consideran ilegales los asentamientos israelíes en territorios ocupados palestinos. Bueno, casi todos los países de las Naciones Unidas, menos Estados Unidos y, curiosamente, algunos Estados-islas del Pacífico, que subastan sus votos.
Ahora, bien, hay una dejadez en implementar y aplicar normas disuasorias a la potencia ocupante, denominación utilizada por la Cuarta Convención de Ginebra, y a las empresas que se lucran con la ocupación, por parte de la propia Unión Europea, sus Estados miembros y los múltiples agentes reguladores. Dejadez o complicidad.
Cuando salió la lista, vimos que había relevantes carencias y falta de empresas reconocidas por su participación en esquilmar y lucrarse gracias a la fuerza del ejército y autoridades israelíes. Así, por ejemplo, una de las 112 empresas nombradas es la israelí Shapir Engineering and Industry, que cuenta con canteras y ha construido colonias e infraestructuras en los territorios ocupados palestinos. Su empresa socia en la ampliación y construcción de nuevas líneas de tranvía entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas, la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), no estaba mencionada. De momento.
Pero ¿qué repercusiones tiene el aparecer en la lista de empresas delincuentes? Una persona normal entendería que esas empresas debieran ser perseguidas en función de la gravedad de los hechos demostrados y tener sanciones sobre sus beneficios e inhabilitados sus gestores. Además, los mecanismos regulatorios debieran señalar estos extremos para conocimiento de inversores, empleados y clientes; perderían idoneidad para ofertar en concursos públicos, pertenecer a determinadas asociaciones empresariales que defiendan el Derecho o participar en la Bolsa.
Por eso, los eurodiputados Manu Pineda y Sira Rego preguntaron a la Comisión Europea, tras la publicación de la lista de las Naciones Unidas, sobre cómo esta iba a actuar ante esas 112 empresas mencionadas y otras más que realizan actividades en los Territorios Ocupados, al servicio de la ocupación.
La respuesta de la Comisión no podría ser más decepcionante. "La UE considera que todas las empresas deben aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados por consenso en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 16 de junio de 2011. La UE ha incorporado la aplicación de los Principios rectores en el Plan de Acción de la Unión Europea para los Derechos Humanos y la Democracia 2015-2019. Una Comunicación conjunta de la Comisión Europea y del Alto Representante sobre un Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024, publicada el 25 de marzo de 2020, también hace referencia a la necesidad de fomentar y respaldar, activamente, los esfuerzos de los países socios para aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas. Los Estados miembros de la UE tienen la responsabilidad de concienciar a las empresas y los ciudadanos europeos sobre los Principios Rectores y los riesgos potenciales relacionados con las actividades económicas y financieras en los asentamientos".
Todas grandilocuentes palabras, que no trascienden al voluntarismo con que se plantean los Principios Rectores, dado que sus incumplimientos no albergan sanciones. Sólo hay una mera posibilidad de afectación a su imagen corporativa.
¿Dónde están las sanciones? ¿La ley de contratos, la española RENFE o la británica Network Rail dicen algo? ¿Los auditores de Shapir o CAF, los Deloitte, han mostrado en sus informes que estas empresas se lucran por sus delitos? ¿La española Comisión Nacional del Mercado de Valores o la FTSE Russel han mostrado que CAF o Shapir aumentaron sus carteras de pedidos a costa de los palestinos? ¿Qué promoción se puede hacer de los Principios Rectores cuando su incumplimiento no cuesta nada a las empresas que vulneran las leyes internacionales? Esos son los caminos que debemos recorrer.
Grupos judíos progresistas se oponen al uso de la definición de antisemitismo de la IHRA en la legislación de los EE.UU.
Traducción y Edición: Comunidad Palestina de Chile
Grupos judíos pro-israelíes se han opuesto a los esfuerzos de codificar una controvertida definición de antisemitismo en la ley de los EE.UU., diciendo que hacerlo "suprimiría la legítima libertad de expresión".
La Red Progresista de Israel pidió a las autoridades federales, estatales y universitarias que se abstuvieran de adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).
Progressive Israel Network [Red Progresista de Israel] es un grupo de diez organizaciones que "se preocupan profundamente por el Estado de Israel y por el bienestar del pueblo judío".
"Como organizaciones que se preocupan profundamente por el Estado de Israel y por el bienestar del pueblo judío, estamos profundamente comprometidos con la lucha contra el antisemitismo", dijo la Red Progresista de Israel, en una declaración.
El grupo advirtió que, en lugar de combatir el antisemitismo, la definición de la IHRA "está siendo mal utilizada y explotada para en su lugar suprimir la legítima libertad de expresión, la crítica de las acciones del gobierno israelí y la defensa de los derechos de los palestinos".
"Por lo tanto, estamos obligados a compartir nuestras preocupaciones sobre las formas en que el esfuerzo para combatir el antisemitismo está siendo mal utilizado y explotado para, en su lugar, suprimir la legítima libertad de expresión, la crítica de las acciones del gobierno israelí, y la defensa de los derechos palestinos".
Ameinu, Americanos por la Paz Ahora, Habonim Dror USA, Hashomer Hatzair World Movement, Jewish Labor Committee, J Street, New Israel Fund, Partners for Progressive Israel, y Reconstruyendo el Judaísmo y T'ruah son los miembros del grupo.
"Respetamos la creación original de la Definición de Trabajo de IHRA como una herramienta ilustrativa y como parte de una conversación más amplia y continua sobre la naturaleza del antisemitismo", dijo el grupo.
Añadió, "Nuestra preocupación con su adopción como herramienta legal es con los 'ejemplos contemporáneos' de la definición de la IHRA, que han sido incluidos como parte integral de la definición".
El grupo, también, calificó las declaraciones del Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, contra el SDE como "un exceso perjudicial".
"Este exceso, que tiene como objetivo principal proteger al actual gobierno israelí y su ocupación de toda crítica, es posible gracias al uso de los 'ejemplos contemporáneos' de la definición de trabajo", dice la declaración.
"Los ejemplos consideran antisemita la afirmación de que 'la existencia de un Estado de Israel es un esfuerzo racista' y la aplicación de 'doble rasero' a Israel 'exigiéndole un comportamiento que no se espera ni se exige de ninguna otra nación democrática'".
En noviembre, Pompeo emitió una declaración que afirmaba que el antisionismo es lo mismo que el antisemitismo. El antisionismo es un movimiento contra una ideología que dice que Israel es un Estado inherentemente judío, sólo para el pueblo judío.
En su declaración, Pompeo dijo que EE.UU. estaba, por lo tanto, "comprometido a contrarrestar la Campaña Global de BDS [] como una manifestación de antisemitismo".
El Grupo concluyó su declaración pidiendo al gobierno de Biden y al nuevo Congreso que "se abstengan de legislar prohibiciones de la expresión protegida por la Constitución y del activismo legítimo, que a menudo se dirigen injustamente a quienes no albergan ningún odio hacia los judíos, y que hacen más difícil identificar y afrontar los casos auténticos de antisemitismo".
Fuente: Qudsnen
Enviado desde Correo para Windows 10
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